En la India, el país más poblado del mundo, celebrado como cuna de espiritualidad, la fe cristiana sobrevive bajo acoso: entre leyes anticonversión, turbas que atacan con violencia impune y el silencio internacional, el mito de la tolerancia se resquebraja.

La situación de los cristianos en el Indostán es cada vez más preocupante. No hablemos ahora de Pakistán donde son claramente perseguidos y condenados por blasfemia a penas terribles, sino que nos centraremos en la India que conserva aun un ya inmerecido prestigio de respeto a las minorías.

Es cierto que este gran país es considerado un paraíso para los adeptos de la New

Age y sus gurús y para todas las religiones del ámbito cultural hindú como los Jainistas, Sikhs, Budistas y las innumerables sectas hindúes… pero es un infierno para las grandes minorías religiosas monoteístas cada vez mas oprimidas, singularmente, musulmanes y cristianos.

Sin embargo, pese a las persecuciones constantes y algunos pogromos por razones obvias de tamaño y geopolítica la India, al igual que China, son «intocables». En realidad, ambos, son posibles modelos socioeconómicos de futuro muy apreciados por ciertas élites del presente…

Y la razón de este «olvido» es muy sencilla: los medios de comunicación de masas cada vez que hay una matanza de cristianos en África, Medio Oriente o Asia no dicen nada o mencionan la noticia que es “enterrada” o “mandada a interiores”

No obstante, debieran preocuparse por la persecución de gentes que tienen la religión que tuvimos nosotros y permitió nuestro progreso, o al menos ocuparse de aquellos que durante cientos de años adquirieron su fe en gran parte gracias a nuestros misioneros europeos.

Pero los grandes medios ya no están dirigidos por cristianos. Ni ellos, ni la UE, ni varios países europeos como la propia España.

La India, país que tuvo la bella reputación de ser una de las primeras «democracias consociativas» del mundo, cuna del espíritu de tolerancia y no violencia gandhiano y del secularismo tolerante y casi equidistante de Nehru y su partido laico del Congreso, ya no la tiene bajo el integrismo Hindutva del BJP de Modi.

Por ello debiéramos recordarles una y otra vez su obligación de proteger los derechos de sus 33 millones de cristianos. Y también, obviamente, de sus 210 millones de musulmanes, aunque estos saben protegerse solos mucho mejor. De hecho, su amenaza radica en su número y pareciera que en comparación la de los cristianos es nimia. Y, sin embargo, se les persigue igual y es que su amenaza societal y cultural es mucho más peligrosa para los sectores dominantes de la sociedad al empoderar a los sin casta, tribales y otros desheredados que se convierten, muchas veces para huir de su misérrima condición.

En concreto:  

Eon el estado de Madhya Pradesh, en el centro del pais, los que se atrevan a intentar persuadir a alguien para que se convierta al cristianismo se enfrentan a la muerte.

En marzo, el ministro principal de Madhya Pradesh propuso modificar la ley anticonversión vigente en el estado para incluir dicha pena de muerte. La propuesta no solo traspasa peligrosamente el umbral de las rarezas más bizarras, sino que también refuerza aún más las leyes anticonversión, que son constitucionalmente controvertidas.

En las colinas del estado norteño de Uttarakhand, los acusados de convertir de forma inapropiada pueden pudrirse en la cárcel de por vida. Y los hombres musulmanes en relaciones interreligiosas corren el mismo destino. En dicho estado norteño, el gabinete de ministros aprobó un proyecto de ley que propone introducir sanciones más estrictas en virtud de su ley anticonversión. El estado ya se ha convertido en el primero del país en imponer un Código Civil Común que, en esencia, prohíbe un segundo matrimonio para los musulmanes, pero admite la poliandria para algunos grupos indígenas.

El proyecto de ley de Uttarakhand va mucho más allá de las definiciones habituales de «fuerza» y «fraude», que constituyen el núcleo de las leyes anticonversión en diez estados del país. Ahora, las «promesas de una vida mejor o educación gratuita» conllevarán una pena de tres a catorce años si se ofrecen a mujeres o miembros de tribus. Hay que explicar que los estados cercanos a los Himalayas, que albergan los lugares más sagrados del hinduismo y donde antes no había ningún cristiano, tanto Uttarakhand como Himachal Pradesh son testigos de un proceso de conversión de tribales que preocupa mucho a las élites locales.

La Constitución de la India, en su artículo 25, garantiza a todos los ciudadanos el derecho a profesar, practicar y propagar su religión, un principio fundamental en una nación de 1.400 millones de habitantes, donde incluso el exiguo 2,3 % de la población cristiana se traduce en más de 33 millones de personas, la mayoría de las cuales, a diferencia de Europa, quizás precisamente por la identidad que les da su situación de minoría, y en muchos casos por la gratitud y orgullo de haber escapado del yugo de las castas y de  la condición de dalits o parias, asisten regularmente a la iglesia. Muy posiblemente haya ya más católicos practicantes allí que en la propia España…

En la India, país creyente dónde los haya, apenas hay agnósticos y aun los ateos son hindúes o siguen el concepto mas bien abstracto, y tal vez panenteísta, del Brahman.

A pesar de esta protección constitucional, desde la ley de Orissa de 1967 hasta las enmiendas propuestas a la pena de muerte en Madhya Pradesh, las leyes anticonversión se han convertido rápidamente en armas para atacar a los cristianos en la India.

Enraizadas en la visión «Hindutva» de una nación hindú, lo que implica un pueblo y una religión (ya que una única lengua y una sola raza son hoy por hoy imposibles) , estas leyes explotan definiciones vagas, empoderan a los «vigilantes  y facilitan la complicidad policial, lo que resultó en más de 800 incidentes documentados de violencia contra cristianos en 2024. Es decir, se violan compromisos constitucionales e internacionales, fomentando la exclusión social y económica de los diferentes.

En la India, la pena capital, solo se prescribía para delitos atroces, incluido el asesinato, especialmente cuando implica violencia sexual u otras circunstancias agravantes. Otros delitos que pueden conllevar la pena de muerte incluyen la guerra contra el país, la instigación a motines, el terrorismo o el secuestro extorsivo.

Pero las penas máximas también parecen estar influenciadas por criterios político-religiosos.  El violador en serie, convicto, pero también líder espiritual fundador de mas de 400 ashrams, Asaram Bapu, también acusado de complicidad en asesinatos rituales, fue condenado a prisión, pero salió al de un tiempo en libertad condicional. Otro líder religioso y violador en serie, Gurmeet Ram Rahim Singh, cuyos crímenes incluyen la castración forzada de sus servidores religiosos, también cumple condena, pero gran parte de ella la está sirviendo en libertad condicional. Algunos acusados de asesinato son exonerados (en el «inglés indio» obtienen «clean shits») de tribunales especiales.

La primera ley contra la conversión, llamada paradójicamente la Ley de Libertad de Religión de Orissa (hoy llamada Odisha) de 1967, sentó un precedente para restringir las conversiones religiosas con el pretexto de prevenir la coerción. Prohibió las conversiones por «fuerza, fraude o inducción», términos vagamente definidos para incluir promesas de beneficios sociales o materiales, a menudo asociados con la labor humanitaria cristiana.

Siguió Madhya Pradesh con su ley de 1968, y a lo largo de las décadas, otros nueve estados —Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Uttar Pradesh y Uttarakhand — adoptaron leyes similares. Actualmente, estas leyes abarcan 11 estados, la mayoría gobernados por el Partido Bharatiya Janata (BJP), prohindú, que también lidera el gobierno federal bajo la férula de Modi.

Preocupación internacional y nacional crecientes.

El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), en su informe de 2025, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, describe estas leyes como la «columna vertebral jurídica de la persecución anticristiana», señalando su papel en el fomento del miedo, la violencia y la discriminación.

El informe de este año de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) destaca tres características comunes: la prohibición de las conversiones, los requisitos de notificación obligatoria y las disposiciones sobre la transferencia de la carga de la prueba. Todas estas disposiciones violan el derecho internacional de derechos humanos, incluido el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que la India es signataria.

El ECLJ señala que estas primeras leyes sentaron las bases para una cultura de sospecha, presentando a los cristianos como amenazas a la identidad hindú. Esta legislación explota definiciones ambiguas, lo que permite a las autoridades y a grupos nacionalistas hindúes como el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) y el Bajrang Dal atacar a los cristianos con impunidad.

Los disturbios de Kandhamal de 2007 y 2008 en Odisha, en los que se confirmó oficialmente la muerte de más de 40 cristianos y 6.000 casas y 400 iglesias fueron incendiadas, ejemplifican como las leyes anticonversión proporcionaron protección legal a las turbas hindúes, con la policía a menudo cómplice o inactiva. Estas leyes y la subsiguiente practica judicial envalentonaron a los «vigilantes» , ya que las condenas recibidas por ellos eran poco frecuentes.

Desde el ascenso del BJP en 2014, las leyes anticonversión se han vuelto más estrictas, alineándose con la ideología Hindutva, que concibe a la India como una nación hindú. El informe del ECLJ documenta un aumento del 555 % en la violencia anticristiana entre 2014 y 2024.

Uttar Pradesh, con su Ley de Prohibición de la Conversión Ilícita de la Religión de 2021, enmendada en 2024 para permitir denuncias de terceros y aumentar las penas a cadena perpetua, se ha convertido en un foco de violencia, seguido por Chhattisgarh y Madhya Pradesh.

La citada enmienda propuesta por Madhya Pradesh este año, que introduce la pena de muerte para ciertos delitos relacionados con la conversión, marca una escalada alarmante.

Las leyes contra la conversión se instrumentalizan mediante terminología vaga, abusos procesales, retorcimiento del lenguaje y aplicación selectiva de las normas. Términos como «fuerza», «fraude» y «incitación» se interpretan de forma amplia para incluir actos como distribuir Biblias o brindar asistencia médica. El ECLJ cita casos en los que cantar villancicos u organizar fiestas de cumpleaños se consideraron «incitación».

En Uttar Pradesh, una enmienda de 2024 permite a cualquier persona presentar denuncias, lo que da lugar a acusaciones frívolas por parte de nacionalistas hindúes. Más del 60 % de los casos son iniciados por terceros ajenos a la supuesta conversión.

La carga de la prueba recae sobre el acusado, lo que contradice los principios jurídicos habituales.

En 2025, José y Sheeja Pappachan, en Uttar Pradesh, fueron condenados a cinco años de prisión por presuntas conversiones mientras secaban la ropa en casa, sin que se presentaran pruebas.

De manera similar, en Madhya Pradesh, el pastor Ramesh Ahirwar y su esposa se enfrentaron a dos años de prisión en 2024 por labores benéficas, a pesar de que posteriormente se les concedió la libertad bajo fianza.

La USCIRF señala que estas leyes tienen un efecto disuasorio, disuadiendo la expresión religiosa y aislando a las comunidades cristianas.

La complicidad policial agrava este problema. En Rajastán, un ataque multitudinario en febrero contra 50 cristianos fue seguido por la acusación policial de conversiones. Las redes sociales, incluyendo publicaciones como la de @subhi_karma sobre hindúes siendo atraídos al cristianismo, amplifican las falsas narrativas, alimentando la acción de los vigilantes.

Estas leyes violan la garantía de propagación religiosa del Artículo 25 y las protecciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ECLJ argumenta que la incapacidad de la India para proteger la libertad religiosa socava sus obligaciones constitucionales e internacionales. El informe de la USCIRF recomienda designar a la India como País de Especial Preocupación, alegando la persecución sistémica.

Sin embargo, la creciente influencia geopolítica de la India ha silenciado la respuesta global, sin la visita de ningún Relator Especial de la ONU sobre libertad religiosa desde 2008.

El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la constitucionalidad de estas leyes, a pesar de peticiones, como las de Ciudadanos por la Justicia y la Paz en 2025, que impugnaron las enmiendas de Uttar Pradesh.

La situación quizás ha dado un giro a nivel interno muy recientemente con el reciente arresto de dos monjas de Kerala y un joven en la estación de tren Drug en Chattisgarh, acusados ​​de tráfico y conversión forzada por grupos hindúes anticristianos. Grupos cristianos e incluso políticos han abordado el tema y éste llegó por fin al en el parlamento.

Se generó un gran revuelo en el país y tuvieron que liberar a los tres.

En conclusión, se necesitan reformas urgentes, incluyendo la derogación de estas leyes y la aplicación de las protecciones pertinentes para restaurar el legado gandhiano de tolerancia en la India y defender los derechos de sus 33 millones de cristianos.

El problema de fondo es que detrás de todas estas medidas subyace un temor al aumento creciente de las conversiones al cristianismo de ciertas capas de tribales y parias, incluso en estados donde no existía ninguna presencia cristiana antiguamente como Uttarakhand.

Las medidas traslucen pánico ante la posible revuelta de los de abajo, hartos de su sumisión a discriminaciones sociales y presuntos karmas que podrían provocar el fin real, no solo legal, y tal vez revolucionario del atávico y opresor sistema de castas.

Y ese es el talón de Aquiles de esta superpotencia emergente.

John Dayal y José Félix Merladet

El Dr. Dayal, gran experto en cuestiones relativas a los abusos contra las minorías, nacido en 1948, es un reconocido escritor, editor y valeroso activista de derechos humanos indio. Ha sido presidente nacional de la Unión Católica de la India, miembro del Consejo Nacional de Integración y tesorero del Gremio de Editores de la India. Reside en Nueva Delhi.

José Félix Merladet fue funcionario europeo y estuvo destinado 5 años como diplomático en la India, país que le fascina, como encargado de la cooperación. También estuvo destinado en Uruguay y Mozambique. Ha sido profesor en las universidades de Deusto y Navarra sobre dicho país y sobre la cooperación internacional al desarrollo.