Hay momentos en los que un acontecimiento concreto nos obliga a mirar una realidad mucho más amplia. Lo ocurrido en Ceuta a finales de julio y comienzos de agosto es uno de ellos. La entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, el desbordamiento de las capacidades de acogida de la ciudad y las numerosas vidas perdidas durante el intento de atravesar la frontera constituyen un drama que no puede ser reducido a una cuestión de control territorial. Ceuta nos coloca ante una realidad mucho más profunda: la dimensión humana, política y moral de las migraciones de nuestro tiempo.

Lo sucedido en esa frontera española no es un fenómeno aislado. Es una expresión particularmente dramática de un movimiento humano que recorre el mundo. Millones de personas se desplazan hoy dentro de sus propios países o atraviesan fronteras internacionales buscando seguridad, trabajo, libertad o una vida digna. En muchos casos, sin embargo, ya no estamos ante la migración entendida únicamente como una decisión personal para mejorar las condiciones económicas. Estamos ante personas que huyen de guerras, persecuciones, violencia, crisis políticas, pobreza extrema o situaciones en las que permanecer se ha convertido en una amenaza para su propia vida y la de sus familias. El último informe mundial de ACNUR sitúa en más de 120 millones las personas desplazadas por la fuerza al finalizar 2025. La cifra, por sí sola, debería bastar para comprender que estamos ante uno de los grandes desafíos humanos de nuestro tiempo.

La naturaleza del fenómeno también se ha vuelto más compleja. Las migraciones actuales están atravesadas por redes familiares y sociales, por tecnologías que permiten transmitir información de un continente a otro en cuestión de minutos, por organizaciones de tráfico y trata de personas y, en algunos casos, por actores políticos capaces de instrumentalizar los movimientos de población. Las rutas migratorias ya no son solamente los caminos recorridos individualmente; forman parte de redes transnacionales que conectan países de origen, tránsito y destino. Esto no significa que toda migración masiva sea necesariamente una operación organizada ni que debamos atribuir sin pruebas a un determinado gobierno la responsabilidad de lo que ocurre. Significa, más bien, que el fenómeno migratorio contemporáneo exige una lectura más amplia que la del simple individuo que decide marcharse en busca de mejores oportunidades.

El debate sobre la migración y sobre los derechos humanos, vuelve a surgir ante una responsabilidad que ningún Estado puede eludir. Las naciones tienen derecho a proteger sus fronteras, establecer las condiciones de entrada y permanencia en su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La soberanía no es incompatible con la dignidad humana. Toda sociedad tiene derecho a establecer normas y a exigir su cumplimiento. También tiene derecho a combatir a las organizaciones criminales que trafican con personas y se aprovechan de su desesperación. Pero también surge otra cuestión fundamental: cómo ejercer legítimamente ese poder sin permitir que la persona desaparezca detrás de la frontera.

Éste es, a mi juicio, el punto en el que la perspectiva cristiana tiene algo esencial que aportar al debate contemporáneo. Para la Iglesia, la dignidad humana no es una concesión del Estado ni depende de la situación administrativa de una persona. La declaración Dignitas infinita recuerda que toda persona posee una dignidad que se fundamenta en su propio ser y que, por ello, sus derechos fundamentales deben ser respetados en toda circunstancia. Refiriéndose expresamente a los migrantes, el documento advierte que pueden ser tratados en la práctica como si fueran menos importantes o menos humanos, aunque nadie lo declare abiertamente. Precisamente por eso insiste en que todo migrante, por el hecho de ser persona, posee derechos fundamentales e inalienables.

Esta afirmación tiene consecuencias políticas concretas. Una persona puede no tener derecho legal a permanecer en un país y, sin embargo, conservar íntegramente su dignidad. Puede ser necesario que un Estado ordene su retorno y, al mismo tiempo, ese Estado está obligado a garantizar que el procedimiento se desarrolle respetando sus derechos. Puede ser legítimo impedir una entrada irregular y, simultáneamente, ser moralmente inadmisible recurrir a la violencia innecesaria, a la humillación o a cualquier forma de trato degradante. La legalidad de una decisión y la dignidad de quien queda sometida a ella no son realidades contradictorias: precisamente porque existe una ley, ésta debe ser aplicada con justicia.

Esto resulta particularmente importante cuando hablamos del retorno. En ocasiones, el debate migratorio termina en el momento en que una persona es devuelta a su país de origen, como si la responsabilidad moral del Estado terminara con la salida de su territorio. Desde una perspectiva cristiana no puede ser así. El retorno puede formar parte legítimamente de una política migratoria ordenada, pero la persona no deja de ser persona durante el traslado ni al cruzar nuevamente la frontera de su país. La dignidad no tiene un domicilio administrativo. También quien regresa debe ser tratado con respeto, seguridad y humanidad, de acuerdo con el derecho internacional y con las circunstancias particulares de su situación.

La doctrina social de la Iglesia tampoco propone una ingenua eliminación de las fronteras. En Fratelli tutti, el papa Francisco reconoce expresamente la necesidad de crear en los países de origen las condiciones que permitan una vida digna y un desarrollo integral, de modo que migrar no sea una obligación impuesta por la necesidad. Y, mientras esas condiciones no existan, propone ante quienes migran cuatro actitudes que deberían orientar nuestra respuesta: acoger, proteger, promover e integrar. No se trata simplemente de abrir las puertas sin criterio, sino de emprender un camino que permita conciliar la identidad y la seguridad de las comunidades con la dignidad de quienes llegan.

El retorno, de hecho, debería ocupar un lugar mucho más importante en nuestra reflexión. Con frecuencia hablamos de expulsiones y deportaciones desde la perspectiva del Estado: quién puede quedarse y quién debe marcharse. Pero deberíamos preguntarnos también qué sucede con la persona que regresa. ¿En qué condiciones vuelve? ¿Qué ocurre con sus hijos? ¿Qué riesgos enfrenta? ¿Qué garantías tiene? La obligación de respetar la dignidad humana no termina cuando una persona abandona nuestro territorio. La frontera no puede convertirse en el punto donde desaparece nuestra responsabilidad moral.

Esta cuestión adquiere una dimensión especial cuando miramos hacia Estados Unidos y la realidad de la presencia latinoamericana. Millones de latinoamericanos han construido allí sus vidas, han formado familias y han contribuido profundamente al desarrollo económico, cultural y social del país. Al mismo tiempo, Estados Unidos enfrenta el desafío legítimo de controlar una frontera sometida a una enorme presión migratoria y desarrolla políticas de detención y deportación que generan un intenso debate. No se trata de convertir esta cuestión en una disputa partidista. Lo que ocurre en Estados Unidos nos plantea la misma pregunta que debemos hacernos en el resto del mundo: ¿cómo puede un Estado ejercer eficazmente su autoridad sin convertir al migrante en una categoría humana diferente?

La respuesta cristiana tampoco puede ignorar la existencia de las redes de tráfico y trata. Estas organizaciones deben ser combatidas con firmeza porque convierten la vulnerabilidad humana en un negocio. Pero también debemos preguntarnos por qué encuentran un terreno tan favorable. Cuando una persona que necesita protección o que se encuentra en una situación extrema no encuentra vías legales y seguras para desplazarse, queda mucho más expuesta a quienes controlan las rutas clandestinas. Combatir el tráfico de personas exige, por tanto, perseguir a quienes se enriquecen con el sufrimiento, pero también trabajar para reducir las condiciones que hacen posible ese mercado.

Hay además una razón específicamente cristiana para mirar de otra manera al extranjero. El Evangelio nos presenta al otro no simplemente como alguien cuyos derechos debemos respetar, sino como alguien cuya vida nos concierne. El buen samaritano no comienza preguntando quién es el hombre herido ni de dónde procede. Ve a una persona necesitada y se acerca. Y para los cristianos existe una memoria todavía más profunda: la propia Sagrada Familia conoció la experiencia de huir de su tierra y buscar refugio en Egipto. El migrante no es, por tanto, una realidad completamente ajena a nuestra fe. En el rostro de quien huye, el cristiano está llamado a reconocer un rostro humano que interpela su propia responsabilidad.

Esto no significa idealizar la migración ni desconocer las dificultades que puede generar. Tampoco significa negar el derecho de los Estados a establecer límites. Significa algo más exigente: no permitir que la defensa legítima de una frontera nos haga perder la capacidad de reconocer al ser humano que se encuentra frente a ella.

Tal vez uno de los mayores peligros de nuestro tiempo sea precisamente la deshumanización que comienza con las cifras. Los términos que usamos son técnicos, numéricos. Hablamos de flujos, oleadas, entradas, contingentes, retornos y deportaciones. Esas categorías son necesarias para gobernar y analizar el fenómeno, pero resultan insuficientes para comprenderlo. Detrás de cada cifra existe un rostro, una historia, una familia y, muchas veces, un profundo sufrimiento. Podemos discutir legítimamente sobre políticas migratorias diferentes; lo que no deberíamos discutir es si la persona que tenemos delante merece ser tratada como persona.

Por eso necesitamos superar una falsa alternativa. No tenemos que escoger entre seguridad y humanidad, entre soberanía y fraternidad, entre fronteras y solidaridad. El verdadero desafío consiste en construir políticas capaces de mantener juntas estas realidades. Los Estados necesitan fronteras seguras y políticas migratorias ordenadas. Necesitamos procedimientos eficaces, cooperación internacional, lucha contra las redes criminales y mecanismos de retorno cuando correspondan. Pero necesitamos igualmente vías legales y seguras, protección para quienes tienen derecho a ella y, sobre todo, una cultura política que no convierta al migrante en enemigo.

La pregunta que debemos hacernos no es solamente cuántas personas pueden entrar o cuántas deben regresar. Debemos preguntarnos también qué principios queremos que gobiernen nuestras decisiones cuando esas personas llegan a nuestras fronteras. Como cristianos, no podemos responder olvidando la dignidad humana, la fraternidad y el bien común.

La protección de las fronteras es legítima. El cumplimiento de las leyes es necesario. La seguridad de las sociedades debe ser garantizada. Pero ninguna de estas responsabilidades exige abandonar la humanidad.

Quizá ésa sea nuestra tarea más urgente: construir una política migratoria capaz de ser firme sin ser cruel, ordenada sin ser deshumanizadora y soberana sin olvidar la fraternidad. Una frontera debe proteger un territorio, pero no debería convertirse nunca en el lugar donde suspendemos el reconocimiento de la dignidad de quien está al otro lado.

Porque, al final, antes que migrante, extranjero, solicitante de asilo, deportado o ciudadano, existe una persona. Y para quien mira el mundo desde la fe en Cristo, esa persona no es alguien con quien debemos lidiar o cargar, sino alguien cuya dignidad nos reclama, cuya vida nos interpela a servirle. La misión siempre ha sido esa: ver a Cristo en las personas y tratarles con el respeto que merecen.

Mario J. Paredes . Presidente de la Academia Internacional de Líderes Católicos