El destino del Valle de los Caídos (actualmente denominado Valle de Cuelgamuros) parece estar sellado en la agenda política, pero los tribunales guardan una batalla jurídica silenciosa que pocos conocen. Frente al proyecto gubernamental de «resignificación» arquitectónica y el silencio generalizado de gran parte de la sociedad y la jerarquía católica, una figura académica e independiente ha decidido plantar cara al Ejecutivo en el plano legal más alto del país. No es un partido político, ni una gran organización; la prensa la ha etiquetado simplemente como “un particular”. Se trata de Blanca Parga Landa, doctora en Ingeniería Naval y licenciada en Derecho, quien ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo directo ante el Tribunal Supremo.

Su ofensiva judicial no busca el ruido mediático, sino el rigor del Derecho. Para Parga, la «resignificación» impulsada por la Ley de Memoria Democrática choca frontalmente con la Constitución Española y el Derecho Internacional Público. Su argumento es contundente: «Con la ley en la mano no cabe negociar».

El choque de leyes: «Donde manda capitán, no manda marinero»

La base del recurso de la jurista se fundamenta en el principio de jerarquía normativa protegido por el artículo 9.3 de la Constitución. El Valle de los Caídos está bajo el amparo de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado de 1979, los cuales tienen rango de Tratado Internacional.

Parga utiliza una analogía marinera para explicarlo de forma gráfica: «Donde manda capitán no manda marinero. Aquí el marinero está contradiciendo al capitán». Dado que un Tratado Internacional está por encima de una ley ordinaria, la Ley de Memoria Democrática de 2022 no tendría la potestad legal de alterar el estatus de la Abadía ni de su entorno sagrado. Asimismo, la abogada recuerda que dicha ley carece de lo que el Tribunal Supremo llama «legitimidad democrática» real, al haber sido aprobada por tan solo 173 votos a favor en el Congreso, frente a los 176 representantes que no la respaldaron (entre votos en contra, abstenciones y ausencias).

Secretismo y contradicciones de la Comisión Interministerial

El recurso también pone la lupa sobre el proceder de la Administración Pública, obligada por el artículo 103 constitucional a actuar con sometimiento pleno al Derecho. El Gobierno creó la Comisión Interministerial para la resignificación del Valle al amparo de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo articulado especifica textualmente que este tipo de órganos “no podrán tener efectos directos frente a terceros”. Sin embargo, las consecuencias sobre arquitectos y licitadores ya se han hecho notar.

A esto se le suma un manto de opacidad. Según denuncia Parga, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno abrió un expediente a dicha comisión por no publicar las actas de sus reuniones. Hasta la fecha, todas sus sesiones han sido estrictamente «secretas», vulnerando las obligaciones de publicidad institucional. Además, al tratarse de un compromiso internacional con la Santa Sede y la Congregación Benedictina de Solesmes (Francia), el ministro competente para cualquier vía de negociación debería ser el de Asuntos Exteriores, quien curiosamente fue excluido de este órgano interministerial.

Por otro lado, la jurista desmonta la extendida tesis que define al complejo como un bien de titularidad pública estatal: en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial consta formalmente que la auténtica titular de la finca y de los edificios es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, un detalle histórico y legal que el propio Gobierno de Aragón reconoció en su momento en su web oficial catalogándolo como «fundación privada», información que posteriormente fue borrada del portal autonómico.

Un reproche a la Iglesia católica

Más allá de los tecnicismos legales, la motivación de Blanca Parga nace de una profunda convicción personal y religiosa, actuando en conciencia como miembro de la Iglesia Católica ante lo que considera una «profanación» y un ataque directo contra las cosas de Dios.

En sus declaraciones, la doctora no oculta su desconcierto ante la pasividad de los propios creyentes, parlamentarios y prelados españoles, comparando la situación con la firmeza de otras confesiones:

«Cuando se leen sentencias se observa la fuerza con la que testigos de Jehová, musulmanes o evangélicos litigan defendiendo sus locales, su derecho a portar signos o la libertad religiosa. No sé qué les sucede a los parlamentarios españoles católicos, a la jerarquía de la Iglesia católica en España y a la mayoría de los católicos. Nos están pisando… y parece que, como san Isidro fue español, esperan sentados a que vengan los ángeles del cielo a arreglarnos todo».

Para Parga, la dejación, la desidia y la pereza a la hora de estudiar un tema tan complejo han permitido que un concurso de transformación arquitectónica avance hasta el interior del altar. Sin embargo, con el recurso admitido a trámite en el Tribunal Supremo, las cartas del Derecho están sobre la mesa y la última palabra aún no se ha dictado en el Valle de los Caídos.

Fuente original: Blanca Parga va al fondo de la ley en el Valle de los Caídos, por Javier Navascués en InfoCatólica