La Asamblea Nacional francesa ha aprobado definitivamente la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, culminando una de las reformas más controvertidas impulsadas por el presidente Emmanuel Macron. La norma, que introduce el denominado “derecho a la ayuda a morir”, ha salido adelante pese a la oposición de buena parte de la comunidad sanitaria.

En una decisión que marca un antes y un después en la historia bioética y social de Francia, la Asamblea Nacional ha ignorado las advertencias de 800.000 profesionales de la salud que ya en 2023 clamaban por unos cuidados paliativos de calidad en lugar de la muerte provocada.

Tras un recorrido parlamentario especialmente complejo y polarizado, el proyecto -rechazado en dos ocasiones por el Senado, de mayoría conservadora- superó finalmente su tercera y definitiva lectura en la Cámara Baja el 15 de julio de 2026, con 291 votos a favor y 241 en contra.

Con esta votación, Francia se suma al grupo de naciones europeas que ya permiten la eutanasia, entre los que se encuentran España, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El suicidio asistido, en el que se ayuda al enfermo a suicidarse aplicándose cócteles letales, está autorizado, además en Suiza, Alemania, Austria e Italia, en este último caso en supuestos muy restringidos.

Sin embargo, la promulgación de la norma no será inmediata, ya que queda a expensas de la revisión por parte del Consejo Constitucional.

Ha sido el propio primer ministro, Sébastien Lecornu, quien ha remitido el texto al Consejo Constitucional para que examine su adecuación a la Constitución, al considerar que existen dudas sobre aspectos críticos como el exiguo plazo de reflexión estipulado para el paciente (de solo dos días), las disposiciones relativas aPlantillas de formulario los adultos bajo tutela legal y el papel de la objeción de conciencia de los profesionales y centros sanitarios.

Una crónica anunciada: la propuesta de Macron en 2024

Esta deriva legislativa no resulta sorprendente. Tal y como analizamos en una noticia publicada en nuestro Observatorio en marzo de 2024, la hoja de ruta del presidente francés ya había quedado expuesta claramente en una entrevista concedida a los prestigiosos medios galos Libération y La Croix. En aquella ocasión, Emmanuel Macron anunció un inminente proyecto de ley que, recurriendo al eufemismo “ayuda para morir”, anunciaba un proyecto de ley destinado a legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, prometiendo como contrapartida una inversión de 1.000 millones de euros en cuidados paliativos a lo largo de diez años.

En aquel momento, desde el Observatorio de Bioética de la UCV, ya advertimos en medios de comunicación sobre el ineludible peligro de la “pendiente resbaladiza” que acompaña a los procesos de regulación legal de la eutanasia. Como afirmamos entonces, “la experiencia clínica e internacional demuestra que las legislaciones que comienzan con estrictas restricciones terminan relajando sus medidas con el tiempo, facilitando su aplicación a todo tipo de personas e incluso, como ocurre en Bélgica, incluso a ancianos que no lo han solicitado formalmente”. Debe puntualizarse, además, que denominar la eutanasia como “ayuda a morir” no deja de ser un eufemismo más de las políticas contra la vida: se trata de matar, lo cual responde a una mentalidad utilitarista que considera que hay “vidas indignas de ser vividas”.

La petición ignorada de 800.000 sanitarios en 2023

El avance de esta legislación refleja también una preocupante desatención hacia la propia comunidad médica francesa. Como hemos mencionado en el comienzo de nuestro artículo, en 2023 trece organizaciones que representaban a 800.000 sanitarios franceses (médicos, enfermeros y auxiliares) alzaron la voz en contra de esta medida y en respuesta al Dictamen 139 del Consejo Nacional Consultivo de Ética de Francia.

En su contundente documento titulado “¿Provocar la muerte puede considerarse cuidado?”, los profesionales de la salud denunciaron la precaria situación del sistema sanitario y exigieron al Gobierno francés que priorizara “colmar las lagunas flagrantes de nuestro modelo de cuidados”. Argumentaban que las peticiones de muerte por parte de los pacientes suelen nacer de “síntomas incontrolados, angustia moral persistente” y la “necesidad de ser mejor atendido”. Además, los sanitarios aseguraban desde su experiencia que “con unos cuidados paliativos de calidad, el deseo de morir desaparece en la gran mayoría de los casos”. Sin embargo, para justificar la ley, el Gobierno optó por ignorar la posición de los profesionales sanitarios y apoyarse en las opiniones de los 184 ciudadanos seleccionados aleatoriamente para integrar una convención consultiva.

Condiciones de la nueva ley: ¿Garantías o puerta abierta?

El texto aprobado en la Asamblea e impulsado por el diputado Olivier Falorni, establece que la “ayuda a morir” sea ejercida, por regla general, por la propia persona (suicidio asistido) y, excepcionalmente, si el paciente está físicamente incapacitado, por un médico o enfermero (eutanasia). Para acceder a este procedimiento, se deberán cumplir simultáneamente varios requisitos:

• Ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o residir legalmente en el país.
• Tener la plena capacidad de discernimiento y poder manifestar la voluntad de forma libre y consciente (lo que excluye a pacientes con Alzheimer avanzado u otras enfermedades neurodegenerativas sin capacidad cognitiva).
• Padecer una enfermedad grave e incurable con un pronóstico vital comprometido a corto o medio plazo y en fase avanzada o terminal.
• Padecer un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que el propio paciente considere insoportable y que no pueda ser aliviado.

Como límite destacado, la ley especifica que el sufrimiento puramente psicológico, si no está asociado a una patología física grave subyacente, no otorga derecho a la muerte provocada. El procedimiento exige que un médico emita una resolución motivada en un plazo máximo de quince días, tras una evaluación colegiada. En caso de ser favorable, el paciente tendrá apenas dos días de “reflexión” para confirmar su decisión de morir.

Al igual que ya hemos podido constatar en otros casos, estos límites se irán difuminando hasta abrir la puerta de la eutanasia a todo el que quiera dejar de vivir, alegando sufrimiento psicológico, como ya ocurre en España.

Fractura social y rechazo de la Iglesia

La consumación de esta ley ha tenido un profundo impacto mediático y social. El presidente Emmanuel Macron ha utilizado la red social X para celebrar lo que él ha considerado un “debate constructivo y respetuoso” sobre una cuestión “tan íntima como grave, que toca la vida, el sufrimiento y la dignidad”.

La reacción institucional más dura ha venido de la Conferencia Episcopal Francesa, que ha calificado la nueva ley como una amenaza para “los más frágiles, una grave ruptura en la historia de nuestro país que destruye la larga tradición del cuidado cuya vocación es aliviar el sufrimiento”. Los obispos han emitido una dolorosa advertencia social: “esta legislación alterará nuestra relación con la vulnerabilidad y la vejez, y los más pobres corren el riesgo de ser los primeros en pagar el precio”. Según los obispos, muchas personas podrían llegar a solicitar la eutanasia no por un deseo auténtico de morir, sino por sentirse una carga para sus hijos o nietos.

Con esta decisión, Francia abre una nueva etapa en su legislación sobre el final de la vida, cuyas consecuencias éticas, sociales y sanitarias previsiblemente seguirán siendo objeto de un intenso debate.

Valoración bioética

Como hemos defendido siempre desde el Observatorio de Bioética, legalizar la eutanasia supone instaurar una falsa alternativa frente a los cuidados paliativos integrales que verdaderamente dignifican al ser humano hasta el final de sus días. La verdadera compasión no consiste en acabar con el que sufre, sino en acompañarle, aliviar su dolor y demostrarle que su vida sigue siendo infinitamente valiosa.

La cultura de la muerte, en la que se inscribe tanto este nuevo paso como el de la inclusión en la Constitución francesa del derecho al aborto, lejos de representar un avance en la conquista de libertades y el respeto a la dignidad humana, suponen un auténtico retroceso, por el que los fuertes someten a los débiles, los más débiles, a los que, en vez de suministrarles protección y cuidados, se les elimina, sin su consentimiento en el caso del aborto, o con él, como ocurre con la eutanasia.

El verdadero progreso debería medirse por la capacidad de las sociedades de proteger a los indefensos, cuidar a los vulnerables y dignificar la vida humana, que no la muerte, de los que sufren en toda circunstancia. Lo contrario suponen tristes retrocesos.

Julio Tudela . Cristina Castillo . Observatorio de Bioética . Universidad Católica de Valencia