Sé bien por mi profesión que, si la estructura de un edificio está viciada desde su base, no importa lo estética que sea la fachada: el edificio acabará colapsando. Estos días la sociedad celebra el primer trasplante facial en el mundo realizado utilizando el tejido de una persona cuya muerte fue ejecutada mediante la “administración de la eutanasia” (bello eufemismo). Se nos vende como un éxito de la ciencia; yo lo he vivido con verdadero terror.

Estamos pervirtiendo la antropología misma del ser humano. A la persona que sufre, el sistema le ofrece ahora una salida envenenada: validar su idea de que su vida ya no vale nada, pero que su muerte en cambio sí que es valiosa.

Decía Immanuel Kant que el hombre existe como un fin en sí mismo y no simplemente como un medio para ser utilizado por esta o aquella voluntad. Pero sin embargo se le ofrece al desesperado la falsa ilusión de que su desaparición contribuirá a “salvar otras vidas”. Es el utilitarismo más crudo. ¿Bajo qué criterio decidimos que la vida del receptor vale más que la del donante? ¿Porque uno está sano y el otro enfermo? ¿Porque uno tiene esperanza y el otro la ha perdido? Si aceptamos que solo merecen vivir los fuertes, los sanos o los “útiles”, estamos haciendo un puro ejercicio de eugenesia.

Resulta espeluznante saber que la operación se preparó con antelación; que hubo tiempo para coordinar el quirófano con el suicidio programado y asistido. En ese intervalo, en lugar de una intervención radical para devolver la esperanza al que quería morir, hubo una logística de despiece. Es la transformación del paciente en mercancía bajo el amparo, eso sí, de la ley.

Porque, hablando de ley ¿cómo es que no hay un debate?, ¿cómo no se cuestiona que debería ser absolutamente ilegal utilizar el cuerpo de una persona que sufre, y que ha decidido quitarse la vida, para mejorar el de otras personas?. Del mismo modo que es impensable pagar a la familia del fallecido por los órganos donados, pues esto se convierte en un incentivo para buscar la muerte cuando la vida aparenta ser improductiva. Si permitimos que la eutanasia se convierta en una fuente de recursos para el sistema sanitario, estamos creando un incentivo perverso. ¿Qué frena a un Estado, siempre necesitado de ahorrar costes, de empujar sutilmente hacia el suicidio (perdón, eutanasia) a los más vulnerables, a los más pobres o a los más solos, bajo el pretexto del “bien común”?

Llevamos mucho tiempo ya conviviendo con licenciados en medicina, que no médicos, que aceptan con naturalidad el papel de verdugos administrativos. Cuando el médico suelta el compromiso de proteger la vida y abandona el primum non nocere para empuñar la logística de una ejecución programada, la medicina deja de ser el arte de curar para convertirse en una técnica de gestión de recursos biológicos. Es lo que Hannah Arendt llamaba la “banalidad del mal”: la capacidad de un sistema burocrático para cometer actos atroces simplemente como una tarea técnica bien ejecutada.

¿Ya hemos construido nuestro propio mercado de la desesperación? Si la muerte se vuelve “útil” para el sistema porque proporciona órganos o ahorra costes, el Estado deja de esforzarse por ofrecer razones para vivir: a fin de cuentas, el “alivio del sufrimiento” de unos puede resultar en la mejora de la calidad de vida de otros… ¿o no? ¿Para qué invertir en tratamientos de excelencia o en combatir la soledad de nuestros enfermos si su muerte programada es más “rentable” si se mira con un foco un poco más amplio?

No todo avance es progreso. Si para reconstruir la cara de alguien tenemos que destruir la esencia de la medicina y el valor intrínseco de cada vida —por muy rota que esté—, el precio que estamos pagando es nuestra propia humanidad. La vida no es algo que se pueda tasar según su rendimiento o su capacidad de ser reciclada. O la vida tiene un valor absoluto, o entramos en un mercado donde el límite lo pondrá, simplemente, aquel que tenga el poder —o el dinero— para decidir quién es útil y quién no. Y todos sabemos cuál es el siguiente paso, no necesito exponerlo.