En Canadá, la insistencia en la promoción de la eutanasia o “Asistencia Médica para Morir” (MAiD, por sus siglas en inglés) ha llegado al extremo de ofrecerse de manera reiterada a pacientes que no padecen enfermedades terminales. Un ejemplo representativo de esta preocupante deriva es el caso del padre Larry Holland, un sacerdote de 79 años que, mientras se recuperaba de una fractura de cadera en el Hospital General de Vancouver, recibió la propuesta de someterse a esta práctica en dos ocasiones distintas.

La primera sugerencia provino de un médico, quien le ofreció la eutanasia como opción en caso de que su estado de salud empeorase. El padre Holland la rechazó de inmediato, manifestando su total objeción moral. Sin embargo, semanas después, una enfermera insistió sobre la misma propuesta. El paciente expresó su incomprensión ante la insistencia de ofrecer la eutanasia a un sacerdote católico, ignorando por completo tanto sus creencias religiosas como su negativa previa. Por su parte, la respuesta del hospital se ha limitado a justificar que los profesionales sanitarios tienen el deber de informar sobre la MAiD basándose en su propio criterio médico.

Ante la evidencia de estas prácticas, que suponen un claro riesgo de coacción para los pacientes más vulnerables, el político conservador Garnett Genuis ha presentado una propuesta legislativa orientada a prevenir estas presiones. Su iniciativa busca prohibir expresamente que los empleados federales puedan ofrecer o recomendar la eutanasia a aquellas personas que no la han solicitado.

Este caso particular se enmarca dentro de una sombría realidad nacional. Desde su legalización hace una década, la eutanasia se ha aplicado a unas 100.000 personas en Canadá. Esta abrumadora cifra plantea serios interrogantes bioéticos que implican a todos los actores del proceso, responsabilizando no solo a los legisladores que redactaron y aprobaron la norma, sino también a todos los profesionales que participan en la cadena, desde la evaluación de los casos hasta la ejecución clínica que provoca la muerte de los pacientes.

La “pendiente resbaladiza” de la eutanasia

En un principio la ley C-14 permitía acceder a la MAiD a canadienses adultos en una situación médica grave e irreversible, con la posibilidad de retirar la petición en cualquier momento y tras un periodo de reflexión obligatorio.

En febrero de 2021 entró en vigor la ley C-7 que derogó la exigencia de que la muerte debía ser razonablemente previsible por lo que, desde entonces, pueden solicitarla personas con enfermedades crónicas no terminales o con sufrimiento físico o psicológico que se consideren intolerables.

En 2023 se reformó la ley para incluir a las personas con enfermedades mentales entre las personas que pueden solicitar la eutanasia.

Valoración bioética

Los posicionamientos “pro-eutanásicos” tratan de extender su aplicación con intensidad creciente. La manipulación de los mensajes que, amparados en la falsa compasión, presentan el asesinato o el suicidio en pacientes que lo solicitan como una opción liberadora, extiende la cultura de la muerte junto al abandono de los cuidados hacia quienes los necesitan.

La saturación de las propuestas eutanásicas en medios de comunicación, así como la insistencia en su ofrecimiento a los enfermos en los países donde está legalizada, está contribuyendo a un incremento en el número de solicitudes y ejecuciones, cada vez más desligadas de sufrimientos insoportables, enfermedades incurables o estados terminales.

La difusa ventana del sufrimiento psíquico, difícilmente evaluable, abre la posibilidad de la aplicación de la eutanasia a cualquier paciente, sano o enfermo, que estime de forma subjetiva que lo padece en un grado insoportable.

En el caso que ahora analizamos, el ofrecimiento de la eutanasia se hizo de forma “preventiva”, es decir, para el caso de que su enfermedad empeorase. Se trataría de incluir la eutanasia como una opción más entre los protocolos “terapéuticos” en un simple caso de fractura de cadera.

Como ya informamos previamente en nuestro Observatorio, en Canadá desde la legalización de estás prácticas en 2016 el estado ha ahorrado 66 millones de dólares, extremo que puede estar estimulando a proponer la opción eutanásica cada vez a más pacientes, frente a la alternativa de ofrecer atención paliativa de calidad.

Son preocupantes síntomas de decadencia en las civilizaciones que optan por suprimir a los vulnerables en lugar de cuidar de ellos como necesitan.

Julio Tudela . Ester Bosch . Observatorio de Bioética . Instituto Ciencias de la Vida . Universidad Católica de Valencia