En Polonia se está llevando a cabo una toma ilegal y por la fuerza del Tribunal Constitucional polaco. El primer ministro Donald Tusk ha utilizado a la Policía para ocupar el edificio del Tribunal. El presidente del Tribunal lo ha calificado públicamente de «golpe de Estado constitucional» y de ataque contra un órgano constitucional del Estado.

Esta es la declaración del Instituto Ordo Iuris

Varsovia, 30 de octubre de 2026

El Instituto para la Cultura Jurídica Ordo Iuris manifiesta su más profunda preocupación y su firme oposición ante la toma por la fuerza de la sede del Tribunal Constitucional (Trybunał Konstytucyjny) por parte de la policía. Esta operación, llevada a cabo al amparo de la noche y mientras el presidente de la República de Polonia se encontraba en el extranjero, constituye un ataque sin precedentes contra un órgano constitucional del Estado y atenta contra los cimientos mismos del orden constitucional polaco.

El 30 de octubre de 2026, agentes de policía tomaron el control del edificio vacío del Tribunal y, desde entonces, impiden el acceso a las instalaciones al personal de seguridad del Tribunal, al vicepresidente del Tribunal y a su director. En el interior del edificio se encuentra Anna Korwin-Piotrowska, una persona elegida por el Sejm para el cargo de magistrada del Tribunal Constitucional que no ha prestado juramento ante el presidente de la República, tal como exige la ley antes de que pueda comenzar el mandato. Esta persona ha firmado una orden en virtud de la cual ella misma pasará a «actuar en sustitución» del legítimo presidente del Tribunal durante el tiempo que dure su suspensión de facto.

Con arreglo al artículo 173 de la Constitución de la República de Polonia, el Tribunal Constitucional constituye un poder separado e independiente de los demás poderes del Estado, y todos los órganos de la autoridad pública solo pueden actuar sobre la base de la ley y dentro de sus límites (artículo 7 de la Constitución). Ninguna disposición legal autoriza a la policía, ni al Gobierno que la dirige, a tomar el control de la sede del Tribunal ni a denegar el acceso al edificio a sus órganos. Estas acciones violan el principio de separación y equilibrio de poderes (artículo 10 de la Constitución) y presentan todos los indicios de una injerencia por la fuerza del poder ejecutivo en el funcionamiento del poder judicial.

La orden destinada a «suspender» al presidente del Tribunal es un acto jurídicamente inexistente (actus non existens) y no produce efectos jurídicos. En primer lugar, en virtud de la Ley de 30 de noviembre de 2016 sobre el Estatuto de los Jueces del Tribunal Constitucional (ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego), la prestación de juramento ante el presidente de la República es un requisito previo indispensable para la constitución de la relación de servicio del magistrado y el inicio de su mandato. Una persona que no ha prestado juramento no es un magistrado en activo del Tribunal y no puede dictar acto alguno en su nombre. En segundo lugar, la legislación polaca no prevé ningún mecanismo por el que pueda ordenarse la interrupción en el ejercicio del cargo de presidente del Tribunal Constitucional, y mucho menos mediante el acto de un solo individuo no autorizado. En tercer lugar, la firmante de la orden ha dictaminado sobre su propia condición, instalándose como presidenta de facto del Tribunal en flagrante violación del principio elemental nemo iudex in causa sua.

Recordamos que, en virtud del artículo 128, § 1, del Código Penal polaco (Kodeks karny), quien, con la intención de destituir por la fuerza a un órgano constitucional de la República de Polonia, realice actividades directamente encaminadas a lograr dicho objetivo, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. Las acciones emprendidas contra el Tribunal Constitucional pueden tipificar los elementos de este delito. Recordamos asimismo que hace dos años el presidente del Tribunal Constitucional presentó una denuncia ante la fiscalía alegando que el Gobierno dirigido por el primer ministro Donald Tusk había cometido el delito de golpe de Estado. Los acontecimientos de hoy forman parte de un proceso continuo de consolidación antidemocrática del poder dirigido contra las instituciones constitucionales independientes.

El Instituto Ordo Iuris exige:

* La retirada inmediata de los agentes de policía de la sede del Tribunal Constitucional y el restablecimiento del pleno acceso al edificio para los órganos y el personal del Tribunal;

* La divulgación del fundamento jurídico de las acciones emprendidas y de la identidad de quienes las ordenaron, junto con la exigencia de responsabilidad política a los miembros del Consejo de Ministros (Rada Ministrów) implicados;

* La incoación inmediata de diligencias por parte de la fiscalía en relación con el ataque a un órgano constitucional del Estado (artículo 128 del Código Penal) y el abuso de poder por parte de funcionarios públicos (artículo 231 del Código Penal).

Hacemos un llamamiento a todos los compatriotas polacos, en el momento de la crisis constitucional más grave de la historia de la Tercera República de Polonia, para que se mantengan en defensa del orden constitucional y repelan el golpe de Estado. En esta hora de prueba, las miradas de los ciudadanos están puestas en el presidente de la República de Polonia, quien, tras recibir noticias de la capital, ha hecho dar la vuelta a su vuelo hacia Senegal y se encuentra de regreso a la Patria. En sus manos deposita la Constitución la tarea de garantizar la continuidad de la autoridad del Estado (artículo 126, apartado 1, de la Constitución) y de velar por el cumplimiento de la Constitución (artículo 126, apartado 2, de la Constitución).

Sin grandes esperanzas, el Instituto hace un llamamiento a la Comisión de Venecia, a las instituciones de la Unión Europea, al Consejo de Europa y a la OIDDH/OSCE para que respondan con carácter de urgencia a la agresión por la fuerza contra el tribunal constitucional de un Estado miembro. Las mismas instituciones que durante años han manifestado su preocupación por el Estado de derecho en Polonia no pueden permanecer en silencio cuando el ejecutivo, haciendo uso de unidades armadas, se apodera de la sede del tribunal constitucional.

Una vez más en su historia, Polonia se erige en defensa de la libertad frente a un totalitarismo creeping (gradual/progresivo). El Instituto Ordo Iuris continuará supervisando y documentando todas las violaciones de la ley relacionadas con estos hechos, se mantiene dispuesto a prestar asistencia jurídica a quienes sean objeto de represión y llevará el asunto ante los organismos nacionales e internacionales competentes.