Una reciente medida de la Asamblea de la Comunidad de Madrid da luz verde a un nuevo marco legislativo que otorga al nasciturus (el concebido no nacido) el estatus legal de miembro de la unidad familiar a todos los efectos administrativos autonómicos. Esta iniciativa, anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sitúa a Madrid a la vanguardia nacional en el reconocimiento jurídico de la vida prenatal.

El proyecto se integra dentro de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26. Con la aprobación de este texto, la región se convierte en la primera comunidad autónoma en establecer esta consideración de forma generalizada. Hasta la fecha, únicamente Galicia contemplaba una normativa con un espíritu similar, aunque su aplicación se encontraba estrictamente limitada a la protección de las familias numerosas.

Desde un punto de vista práctico, la nueva norma será aplicable desde el mismo momento en que la mujer acredite su estado de gestación mediante la presentación del correspondiente informe médico. Aunque, como se detalla más adelante, esta valoración dependerá del tiempo de gestación.

Según ha detallado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, la inclusión del nasciturus en el cómputo de la unidad familiar modificará de facto el cálculo de la capacidad económica del hogar. Esto facilitará notablemente el acceso a diversas ayudas y subvenciones públicas cuyo criterio de concesión dependa de la renta per cápita. Entre los beneficios directos destacan las becas para cursar Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en centros privados, las becas de comedor escolar, el abono transporte y las subvenciones al alquiler joven.

Impacto en familias numerosas y fiscalidad

Uno de los aspectos más significativos de la ley afecta a la categoría de familia numerosa. Aquellos núcleos que ya cuenten con dos hijos y se encuentren esperando el tercero, podrán acceder a las ventajas asociadas a este título a partir del primer día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación. Para agilizar este proceso, la Administración ha diseñado un trámite electrónico simplificado. Además, una vez se produzca el nacimiento del niño o niña, las familias no tendrán que volver a solicitar el documento, ya que este mantendrá su validez.

En el ámbito tributario, el texto legal ha introducido las modificaciones necesarias en las disposiciones cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Gracias a esto, la medida se extenderá a importantes beneficios fiscales, tales como deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), exenciones de tasas, desgravaciones por gastos escolares y bonificaciones vinculadas a la adquisición de vivienda de segunda mano.

Cabe destacar una consideración temporal para la implementación completa de la normativa: mientras que el reconocimiento y algunas ayudas aplicarán con la certificación del embarazo, las disposiciones relativas a la obtención del título de familia numerosa y las ventajas fiscales entrarán en vigor seis meses después de la publicación de la Ley.

Esta reforma legislativa representa un paso significativo en las políticas de fomento de la natalidad y abre un importante escenario de análisis para los observatorios de bioética, al dotar de un peso jurídico y administrativo real a la figura del no nacido dentro de las políticas públicas de apoyo a la familia.

A nivel nacional, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes su intención de implementar una «ley nacional de concebidos no nacidos» si alcanza la presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones generales. Inspirada en el modelo impulsado en la Comunidad de Madrid por Ayuso, esta propuesta persigue que la figura del no nacido adquiera un reconocimiento legal con impacto directo en los ámbitos económico y social de las familias. No obstante, en su comparecencia, el líder de la oposición se ha limitado a esbozar la iniciativa de forma puramente enunciativa, omitiendo por el momento los detalles concretos y el articulado técnico de dicha futura normativa.

Sombras de la medida: valoración bioética

El establecimiento del límite de las 14 semanas de gestación para la concesión de ayudas relacionadas con la consideración de familia numerosa, esconde una grave contradicción. Estas primeras 14 semanas son las que el ordenamiento jurídico actual considera el periodo en el que cualquier mujer embarazada puede abortar a su hijo sin necesidad de aducir ninguna justificación.

Por tanto, este reconocimiento del nasciturus como individuo con derechos e integrante de la unidad familiar no se aplica en el periodo de las primeras 14 semanas de embarazo. Esta “cesión” a la ley del aborto para preservar el plazo de aborto libre entra en abierta contradicción con el reconocimiento del nasciturus como individuo de nuestra especie y miembro de la unidad familiar.

¿Puede pensarse en una ley que habilite a los padres a terminar con la vida de uno de los miembros de su unidad familiar? ¿Es compatible el reconocimiento de la dignidad y derechos del nasciturus en la semana 14 más un día y la abolición de todo derecho por poder ser abortado sin justificación alguna el día previo?

Las políticas de defensa de la vida deben ser coherentes con el respeto de todos aquellos que son uno de nosotros, sin excepción. Ni los inmaduros, por mucho que lo sean, ni los discapacitados, ni los dependientes ni los agonizantes pierden la condición de seres humanos, dignos de respeto y merecedores de cuidados.

La defensa de la vida del nasciturus plantea además la necesidad de evaluar convenientemente los argumentos de los defensores del aborto. Su justificación desde los presupuestos que defienden la autonomía de la mujer para decidir sobre su embarazo parece debilitarse ante el reconocimiento del estatuto humano del embrión, como integrante de una unidad familiar, también sujeto de derechos. Toda medida que contribuya a visibilizar al nasciturus como uno de nosotros puede contribuir a terminar con su eliminación siempre injustificada, tanto con el aborto como por las técnicas de reproducción asistida o la investigación con embriones humanos.

Julio Tudela . Cristina Castillo . Observatorio de Bioética . Universidad Católica de Valencia