La Iglesia en Uruguay manifestó su posición sobre el proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido en el país ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, defendiendo que la experiencia de la aplicación de los cuidados paliativos “demuestra que las personas que piden anticipar la muerte, lo que en realidad quieren es no vivir así” y que “cuando se atienden las múltiples causas del sufrimiento, ya no se pide la eutanasia”.
El encuentro tuvo lugar el miércoles 12 de mayo por la plataforma Zoom, y por parte de la Iglesia Católica asistió un grupo interdisciplinario integrado por Mons. Arturo Fajardo, presidente de la CEU, obispo de Salto; Mons. Pablo Jourdan, obispo auxiliar de Montevideo, Lic. en Moral y Espiritualidad; el padre Luis Cardozo, Lic. en Teología Moral, con una tesis sobre “El enfermo terminal y la cuestión ética sobre de la eutanasia”; el abogado Diego Velazco, profesor y conferencista; y la Dra. Ana Guedes, oncóloga y diplomada en Cuidados Paliativos y en Bioética.
De acuerdo a una nota de la Conferencia Episcopal de Uruguay (CEU), los representantes de la Iglesia Católica aclararon en la presentación que “estar en contra de la eutanasia no significa estar a favor de prolongar la vida innecesariamente, cuando no hay posibilidad de curar al paciente y se perjudica su bienestar” o “permitir que el paciente sufra innecesariamente. Estamos de acuerdo en aliviar siempre el dolor”.
Prácticas conforme a la ética
En primer lugar, se matiza qué no es eutanasia debido a que equivocadamente se suele pensar que quienes están en contra de la eutanasia entienden que la vida debe prolongarse a toda costa y de cualquier forma. En este sentido, los representantes de la CEU manifestaron que “la no aceptación de un tratamiento que tienda a prolongar la vida por un breve tiempo en medio de muchos sufrimientos no es eutanasia” como tampoco lo es “la sedación paliativa ya sea profunda, superficial o intermitente”.
No es eutanasia, y es conforme a la ética, “aquellas situaciones consideradas de doble efecto en las que buscando aliviar el sufrimiento del paciente, especialmente en fase terminal, se corre el riesgo de acortarle la vida”, precisan.
Acompañar, cuidar, aliviar
Asimismo, remarcan que “tutelar la dignidad del morir significa tanto excluir la eutanasia como el retrasarla por medio de la ‘obstinación terapéutica’” y que “dignidad en el morir no significa eliminar al paciente sufriente sino acompañarlo, cuidarlo, aliviarle el dolor y ayudarlo para que pueda vivir en paz y lo más serenamente posible la última etapa de su vida”.
Consideran que “la búsqueda de alivio no solamente proviene de una respuesta técnica y científica sino también afectiva y emocional” dado que “el paciente no pierde su libertad ni capacidad de decidir pero, en la mayoría de los casos, se puede tratar de una libertad viciada o condicionada considerando que cualquier forma de escape es mejor que esa situación”.
“La angustia que provoca la enfermedad no siempre viene acompañada de un dolor físico, pero sí de un quebranto emocional que muchas veces lleva al paciente a un cuadro de depresión. Los estudios psicológicos realizados en pacientes en fase terminal permiten constatar que la elaboración de la propia muerte conlleva un proceso que pasa por diferentes etapas como la negación, ira, angustia, depresión antes de llegar a la aceptación final”, recuerdan.
Cuidados paliativos para todos
Durante la reunión con la Comisión de Salud, los representantes eclesiales enfatizaron que “la experiencia de la aplicación de los cuidados paliativos demuestra que las personas que piden anticipar la muerte, lo que en realidad quieren es no vivir así” y que “cuando se atienden las múltiples causas del sufrimiento, ya no se pide la eutanasia”. Apuntan, entonces, que “es necesario un compromiso decidido para llevar estos cuidados a quienes tengan necesidad, para aplicarlos no solo en las fases terminales de la vida, sino como perspectiva integral de cuidado con relación a cualquier patología crónica y/o degenerativa, que pueda tener un pronóstico complejo, doloroso e infausto para el paciente y para su familia”.
Por otro lado, resaltan que “como se ha demostrado por la más amplia experiencia clínica, la medicina paliativa constituye un instrumento precioso e irrenunciable para acompañar al paciente en las fases más dolorosas, crónicas y terminales de la enfermedad”. “Los Cuidados paliativos son un derecho de toda persona y al mismo tiempo constituyen la expresión más auténtica de la acción humana y cristiana basada en la ética del cuidado”, agregan. “La Medicina Paliativa ha brindado al conjunto de la práctica médica la conciencia y el estímulo para recuperar su más ancestral fortaleza: la humanización de la medicina”, subrayan.
Discriminación
En la presentación, los expertos también explicaron la incoherencia que significa que “en un contexto donde las cifras de suicidio son de las más altas del continente se estaría favoreciendo a naturalizar y justificar este flagelo: es la misma sociedad, a través de la ley, la que reconocería un nuevo “derecho a renunciar a todos los derechos’, permitiendo la ayuda al suicidio con sólo alegar un ‘sufrimiento´ (físico o moral) ‘insoportable´”. “Se vuelve urgente pensar leyes que prevengan y no que favorezcan el suicidio en cualquiera de sus formas (sea auto ejecutado o asistido por otra persona) y, menos, que levante la prohibición absoluta de matar”, remarcan.
Igualmente, plantearon que el proyecto de ley “establece legalmente una categoría de personas a las que se puede matar o ayudar a suicidarse, porque están más limitadas en su autonomía, porque están enfermas o porque sufren” mientras que “a los sanos y autónomos, a los que no están presionados en su libertad por el dolor, no se los puede matar ni ayudarlos a suicidarse”. “Sus vidas tienen un valor social: aunque ellos no se valoren, la sociedad no considera válida su renuncia, y tutela sus vidas, prohibiendo matarlas, mediante los delitos de homicidio y de determinación o ayuda al suicidio. De este modo, la ley consagraría una discriminación contraria a la igual dignidad inherente de todo ser humano”, añaden.
Seguidamente, indicaron que hay acciones dignas e indignas. “La más indigna es matar a una persona, porque es no valorar su ser, su existencia y hacer que deje de existir”, advierten. En contrapartida, sostienen que la dignidad de la persona “exige, en primer lugar, el deber de no matarla” pero , también, “acciones positivas: si se puede ayudarla, aliviarla y acompañarla, tales acciones son debidas, exigidas por su dignidad”.
Derecho a la dignidad
Además manifiestan su oposición, “por ser gravemente injustas”, a “las leyes que pretenden legalizar la eutanasia o aquellas que justifican el suicidio y la ayuda al mismo, por el falso derecho de elegir una muerte definida -inapropiadamente- como ‘digna’ solo porque ha sido elegida ‘libremente´. Las acciones fácticamente libres pueden ser acordes con la dignidad o contrarias a ella. Sólo las primeras, por respetar la dignidad, son ejercicio de un derecho”.
“No hay derecho a actuar libremente contra el derecho”, afirmaron. “Por eso, estas leyes quebrantan el fundamento del orden jurídico, el derecho a la vida y el ejercicio de la libertad humana”, acotaron los expertos. Expresaron, en este sentido, que “la dignidad humana exige, también, `morir con dignidad´. Y la primera condición es no ser matado, y la segunda, ser valorado hasta el final, ser acompañado, ayudado, aliviado”.
Por último, exponen que “el grado de desarrollo de un país se mide sobre todo por el modo de tratar a sus miembros más vulnerables” y sostienen que “sería muy triste que, en el momento de mayor fragilidad, cuando el enfermo más necesita de la compasión, el alivio y el acompañamiento, la sociedad uruguaya le ofreciera la muerte como respuesta”. “No es esa la forma de hacer ‘que los más infelices sean los más privilegiados´”, concluyeron.
