Los obispos de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico (CEP) han publicado un “Mensaje ante la crisis energética” en el que denuncian el colapso eléctrico en la isla a causa de la permanente crisis económica desde hace 15 años, empeorada por la pandemia, los fenómenos naturales y la falta de una digna política pública.
Irresponsabilidad política
La ausencia de este servicio esencial, argumentan los prelados, “menosprecia a los puertorriqueños, nos empobrece en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra libertad y en el ejercicio libre de nuestro albedrío”, e “impacta negativamente a todos en la seguridad, en la salud, en la educación, en la cultura, en el libre ejercicio de nuestras creencias religiosas, en la economía”.
Aseguran que “es el Gobierno de Puerto Rico el que tiene la obligación de ofrecer a todos los puertorriqueños el nivel de calidad mínima en el servicio eléctrico que nos permita una vida plena”, y repudian abiertamente el “abandono de responsabilidades que termina creando un vacío de servicio en el país, en vez de luchar para dar una mejor vida a nuestro pueblo”. Así, dicen basta a “políticas económicas basadas en contribuciones e impuestos que recaen, mayormente en la clase media y en los menos afortunados”.
Propuestas
El Episcopado de Puerto Rico ofrece algunas alternativas propuestas por los expertos energéticos: “Liberación de los fondos de emergencia asignados para la recuperación del sistema eléctrico”, realizar “reparaciones de emergencia y sostenimiento del sistema que permitan atender la crisis presente y evitar que continúe agravándose”, evaluar “una moratoria en la conversión de las plantas generadoras al uso de gas ante los costos cada vez más crecientes y ante el hecho de que no resuelve los problemas de dependencia de combustibles fósiles”.
También “favorecerse y financiarse proyectos de micro redes que se sustenten en sistemas fotovoltaicos, particularmente en los sectores más vulnerables”, así como “evitarse penalizar mediante el llamado ‘impuesto al sol’ a quienes han tenido que asumir el costo de garantizarse a sí mismos y a sus familias la provisión del servicio”.
A modo de conclusión, los prelados puertorriqueños afirman que no se puede “pretender que el pueblo se resigne y acepte un servicio ineficiente y los costos que se le suman”. Pretender, concluyen, llamara eso “resiliencia ofende la actitud real que ha asumido nuestro pueblo valiéndose por sí mismo y en su propia capacidad y comunidades para superar las circunstancias que se han generado”, y esperar que los ciudadanos “se mantengan adormecidos ante lo que representa injusticia y opresión social, es desconocer el cambio de actitud que se refleja en nuestra sociedad”.
