Ya hace un año el presidente de la Corte Constitucional polaca, Bogdan Święczkowski, declaraba públicamente que en Polonia se estaba produciendo un **golpe blanco**, llevado a cabo por el primer ministro “europeísta” Donald Tusk. «Que en Polonia se trata de un golpe de Estado es claro y evidente. Naturalmente, no se trata de un golpe de Estado que implique el empleo del ejército en las calles (…) es un golpe de Estado solapado y sistémico. Se trata de un continuo abuso por parte de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el poder judicial y otros órganos constitucionales» – denunciaba Święczkowski.

Como ejemplo de tales abusos, el Presidente citó «el impedimento del pago de los fondos para el funcionamiento de la Corte Constitucional o del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que constituye una violación de la ley y de la Constitución».

Desde hace más de dos años la coalición de gobierno no reconoce las sentencias de la Corte Constitucional, «elude» los vetos presidenciales mediante decretos y emite sus propias «directrices» ilegítimas y contrarias a la Constitución. En la práctica, los actuales gobernantes, desde que están en el poder (el 13 de diciembre de 2023), no reconocían a la Corte Constitucional, no sustituían a sus miembros que poco a poco se jubilaban hasta que en la Corte faltaban seis miembros. Solo entonces el gobierno y el Sejm (la Cámara baja del Parlamento), violando su propio reglamento e ignorando las reservas del Presidente, comenzaron las maniobras para tomar el control de la Corte. Obviamente, una vez que la hayan llenado con sus propios nombrados, reconocerán inmediatamente las sentencias de la Corte que se convertirán en «válidas, legítimas e independientes». De esta manera, con las sentencias de la Corte al servicio de los gobernantes, se abriría el camino a la siguiente etapa del golpe de Estado: la prohibición de los partidos de la oposición e incluso la privación al Presidente de sus prerrogativas o incluso su destitución, de la que se habla a menudo en los ambientes gubernamentales.

Hay que saber que el Sejm ha elegido para la Corte Constitucional a seis jueces políticamente comprometidos, que participaban en manifestaciones y eventos inequívocamente políticos, obviamente contra el anterior gobierno conservador. Además, ninguno de los elegidos es un constitucionalista. En este grupo figuran en cambio: el expresidente de la asociación Iustitia (una asociación de jueces de izquierdas comparable a Magistratura Democrática en Italia), un miembro del consejo directivo de una asociación similar, Themis, el exviceministro de Justicia e incluso un académico cuya solicitud de nombramiento como profesor recibió un dictamen negativo. Además, algunos de los elegidos son miembros de la comisión ministerial ante el ministro Waldemar Żurek. Todas personas alineadas políticamente, abiertamente progubernamentales.

De la ley del 30 de noviembre de 2016 sobre el estatuto de los jueces de la Corte Constitucional se desprende que la persona elegida por el Sejm no asume automáticamente el cargo. Es condición indispensable prestar juramento ante el Presidente de la República de Polonia. La norma va aún más lejos: la negativa a prestar juramento ante el Presidente –puesto que no existe otra posibilidad jurídica– conlleva la renuncia al cargo. Sin este acto no se puede hablar de asunción del rol de juez. Solo después de prestar juramento el juez se presenta ante la Corte e inicia efectivamente el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, la coalición está ejerciendo presión sobre el Presidente para que haga prestar juramento a estas personas lo antes posible. El propio ministro de Justicia Żurek amenaza con activar un “plan B”, del que hoy se sabe muy poco. Se habla, por ejemplo, del juramento ante las dos cámaras del Parlamento. Pero en el pasado Waldemar Żurek era partidario de la idea, absurda, de prestar juramento ante un notario.

No obstante, era difícil prever cuál sería la actitud del Presidente hacia los seis candidatos seleccionados por los gobernantes. Zbigniew Bogucki, jefe de la Cancillería presidencial, explicaba que por el momento no hay nadie que pueda prestar juramento. «Parece que el Sejm ha cometido errores formales elementales, pero al mismo tiempo muy graves, al no respetar las sucesivas disposiciones del reglamento del Sejm y quizás también una disposición de la Constitución» –subrayó Bogucki. Pero, inesperadamente, el Presidente ha llamado al palacio presidencial a dos de los seis candidatos para prestar juramento. Como se aclaró posteriormente, desde que Nawrocki se convirtió en Presidente de Polonia se han jubilado dos jueces de la Corte Constitucional; por eso, se quería cubrir solo estas dos plazas vacantes.

En cualquier caso, el intento de “ocupar” la Corte Constitucional es una etapa del golpe de Estado solapado del que desde hace tiempo habla su presidente Święczkowski. Pero Tusk y sus compañeros ya están pensando en otra jugada: el nombramiento de los jueces al Consejo Nacional de la Magistratura. Aunque los ciudadanos han recogido más de 500.000 firmas en apoyo de las candidaturas ciudadanas de jueces al Consejo, la coalición de gobierno pretende igualmente confiarlo al control de jueces apoyados por una reducida camarilla dentro de la magistratura en las llamadas primarias, que no solo no tienen ningún fundamento jurídico, sino que además fueron boicoteadas por la mayoría de los jueces.

La concentración dictatorial del poder en manos de un solo hombre y de su coalición ha llevado en Polonia a una crisis del Estado de derecho y al deterioro del sistema judicial. La Comisión Europea, que estaba tan preocupada por el Estado de derecho en la Polonia gobernada por los conservadores, ahora calla vergonzosamente o declara hipócritamente que «se trata de una cuestión que concierne a los Estados miembros y a sus tribunales». Evidentemente el Estado de derecho no importa si la gente que lo viola profesa el «credo europeísta».

El artículo en italiano fue publicado en La Nuova Bussola Quotidiana