Los obispos de la Conferencia Episcopal peruana exhortaron a todos los sectores de la sociedad civil a buscar por medio de los cauces democráticos el restablecimiento de la gobernabilidad y la paz en el país; rechazando cualquier expresión de violencia como herramienta para la solución de los conflictos que actualmente enfrentan como sociedad.
Así lo manifestaron al término de la 123 Asamblea Plenaria del episcopado efectuada del 16 al 18 de agosto. La Iglesia Católica reiteró que en fidelidad a Dios y a las personas, siempre estará dispuesta a colaborar por el bien del país.
Tras diferentes reflexiones sobre la realidad pastoral del país, la Iglesia peruana advirtió sobre la urgencia de buscar y constituir canales efectivos de articulación y diálogo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Sociedad Civil; pensando especialmente en el futuro de los jóvenes y la necesidad de garantizar la gobernabilidad y el bien común.
“El consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente para recuperar la credibilidad, la confianza y la esperanza”, se lee en el mensaje dirigido a la opinión pública.
Los obispos son conscientes de que el país se encuentra en un momento de profunda crisis social y política, lo que se manifiesta en una lucha interna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, afectando gravemente la democracia y generando una mayor división y conflicto, esto incide en un grave enfrentamiento entre peruanos que puede llevar a niveles incontrolables de violencia.
Mencionando el informe del Latinobarómetro en 2021, los obispos consideran que resulta vergonzoso y decepcionante que Perú sea considerado como uno de los cuatro países que registran el mayor índice de corrupción en América Latina. Una crisis moral y ética que asocian de manera directa con los actos de corrupción detectados en las altas esferas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en otras instancias del Estado y sectores de la sociedad civil.
Los efectos
Las consecuencias de la crisis política se sienten en temas como la alimentación, porque la falta de recursos viene generando verdaderas situaciones críticas en distintas regiones y desde el análisis de los expertos en el tema, no se descarta la amenaza de una posible hambruna.
Otra de las preocupaciones de la Iglesia es la educación en donde son latentes los retrocesos en la cobertura y calidad de los servicios. A esto, se le suman los niveles de subempleo, informalidad y desempleo, sin mencionar que los gobiernos regionales y locales también se ven afectados por esta descomposición. Los obispos señalan que la corrupción asfixia los emprendimientos a través de los cupos y sobornos que impiden el ejercicio de una necesaria libertad económica.
Una esperanza
Pese a lo preocupante de la situación, los obispos consideran que aún están a tiempo para trabajar juntos como sociedad y corregir el rumbo del país, logrando un proyecto que muestre un auténtico compromiso con el desarrollo humano integral de todos sus habitantes. Para ello hablan de la importancia de defender la institucionalidad democrática y que los gobernantes elegidos por voluntad popular respeten a los ciudadanos ofreciendo una rendición de cuentas sobre su gestión con transparencia.
Igualmente, los prelados abogan ante las autoridades más altas del país por el respeto a la libertad de prensa que definen como uno de los pilares de la democracia. Igualmente pidieron a los medios de comunicación que informen y opinen con veracidad, honestidad y respeto sin apartarse de su misión de analizar e informar sobre la realidad.
“Es necesario también orientarse hacia el bien común, superando una cultura patrimonialista donde no se distingue el bien público del privado, o donde se considera la cosa pública como propia”, advirtieron porque desde su experiencia ”la ciudadanía no merece ver los espectáculos de enfrentamiento en y entre los poderes públicos, especialmente del Ejecutivo y Legislativo, pues la confrontación permanente profundiza su deslegitimación y la ciudadanía ya no se siente representada por ellos”.
Más bien las autoridades deben enfocarse en el cumplimiento de la ley y de dar testimonio de ello; facilitando el desarrollo de las investigaciones que actualmente se hallan en curso sobre actos de presunta corrupción y que corresponden a la misión del Ministerio Público y el Poder judicial.
