Los obispos de la Iglesia de la Amazonía del Perú emitieron un comunicado el 18 de marzo de marzo de 2021 donde exhortan al Estado a tomar acciones urgentes para frenar el incremento de asesinatos y amenazas que tienen como principal foco a defensores indígenas del bosque y del territorio.
Ante la grave situación que sufren las personas indígenas de la Amazonía del Perú, los miembros del episcopado expresan su “profunda indignación” y manifiestan su “total solidaridad con las familias, los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas”.
Situación en el último año
Los prelados describen que solo el último año, marcado por la pandemia de la COVID-19, “se asesinaron a siete personas implicadas en la defensa de sus pueblos, sus territorios y bosques, la mayoría, indígenas: Estela Casanto, Herasmo García, Yenes Ríos, Arbildo Meléndez, Gonzalo Pio, Lorenzo Wampa, y Roberto Pacheco”. Actualmente, continúan, “hay otras personas que vienen sufriendo amenazas ataques y agresiones a consecuencia de su labor en defensa de sus territorios y la protección del ecosistema en comunidades nativas de toda la Amazonía”. El reciente asesinato de Estela Casanto, lideresa y fundadora de la comunidad nativa de Shankivironi, ubicada en el valle del Perené, región Junín, “es una trágica muestra de la desprotección en que se encuentran”, se lee en el texto.
Para los pastores de la Amazonía, la situación que experimentan los pueblos indígenas “demuestra que los esfuerzos realizados por el Estado han sido totalmente insuficientes para darles protección y garantizar la seguridad jurídica de sus territorios, de acuerdo a lo establecido en las leyes y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado peruano”. El actual marco jurídico de protección que ampara a estas personas “solo funciona como un procedimiento protocolar que consiste en un ‘Registro de personas defensoras’”.
Inseguridad y desprotección
Del mismo modo, señalan que avanza “el acaparamiento de tierras, la invasión de territorios comunales, la expansión del narcotráfico, los monocultivos, especialmente de palma aceitera, en diversos lugares de la Amazonía. Todo esto en medio del crecimiento de la corrupción de los funcionarios públicos y el trato discriminatorio hacia indígenas que defienden sus territorios y exigen su titulación”.
En este sentido, indica el comunicado, “se ha configurado un escenario que incrementa las condiciones de inseguridad y desprotección de quienes asumen la tarea de la defensa de sus poblaciones indígenas y de sus territorios, y que resulta lamentablemente en el asesinato y el despojo de sus territorios”.
Demandas al Gobierno y gobiernos regionales
Ante esta situación, los obispos de la Amazonía peruana exhortan a las autoridades del Gobierno nacional y gobiernos regionales: a “retomar, fortalecer y terminar de una manera efectiva con el proceso de titulación, georreferenciación y actualización, redimensionamiento y reconocimiento de los títulos de las comunidades”; y a “terminar con la excesiva burocracia y la corrupción de funcionarios que favorecen el despojo territorial y fragilizan la labor de las defensorías ante las mafias y traficantes e invasores de tierras. Como dice el líder Cacataibo Herlín Odicio, la titulación de una comunidad demora décadas y una concesión forestal un año”.
También instan a que, desde las autoridades del Estado y con los dirigentes de las comunidades nativas y sus organizaciones, “se diseñe un plan de vigilancia social y territorial para protegerlas de las redes de narcotráfico, quienes muchas veces, tratan de involucrarles en sus ilícitos, ante la impasibilidad de las autoridades” y a “realizar una gestión pública desde el Estado, con un enfoque intercultural, de acuerdo a la realidad cultural de los pueblos indígenas y respetando sus derechos para acabar con la discriminación hacia los indígenas en la administración pública”.
El comunicado, difundido por la Red Eclesial Panamzónica (REPAM), está firmado por Mons. Gerardo Zerdin, obispo vicario apostólico de San Ramón; Mons. Juan Bautista Oliver, obispo vicario apostólico de Requena; Mons. Alfredo G. Vizcarra, obispo vicario apostólico de Jaén; Mons. David Martínez de Aguirre, obispo vicario apostólico de Puerto Maldonado; Mons. Jesús María Aristín, administrador apostólico de Yurimaguas; Mons. Martín Quijano, obispo vicario apostólico de Pucallpa; Mons. José Javier Travieso, obispo vicario apostólico de San José del Amazonas; y Mons. Miguel Fuertes Prieto, administrador diocesano de Iquitos.
