Hace unos días el Consejo de ministros aprobó la Ley de ampliación del aborto provocado.
Su texto, su contenido ya era conocido, es una ley terrorífica para el no nacido, para la mujer, el varón, los profesionales sanitarios, la familia y la sociedad.
Esta ley es un eslabón más de la hoja de ruta para destrozar el orden natural. Montero, alumna destacada en el Foro de Puebla, ministra dogmática, con ideas axiomáticas, espero que proteja a sus hijos de la maldad de la ideología de género, al igual que se protegen Rusia y China… Esto da que pensar…
Es una ley, que, paradójicamente se denomina “Salud sexual y reproductiva de la mujer…” cuando precisamente la salud de la mujer se destroza literalmente, porque es un destrozo animar a someter a un aborto el cuerpo de una mujer, y más si es adolescente, administrándole, por ejemplo, “bombas” hormonales, que eso es la “Píldora Postcoital” (PPC), sin control médico, sin tener en cuenta todos los efectos adversos, como si fueran caramelos de colores.
Ley terrorífica para los profesionales sanitarios, que nos obliga a realizar “actos profesionales” en
contra de nuestras convicciones más profundas, asustándonos con listas negras de objetores a los médicos, con multas astronómicas por no vender la PPC, a los farmacéuticos.
Es un atentado contra libertad; insisto, la libertad de conciencia no me la dan las leyes, la llevo impresa en mi naturaleza, y las leyes solo tendrán que reconocerla. En España nuestra Constitución señala las reglas de convivencia de un país democrático, y respeta las minorías.
Los expertos indican que esta ley podría vulnerar derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en concreto los artículos 16.2 y 18.4. La Agencia Española de Protección de Datos (el Reglamento General de Protección de Datos) también es muy claro al respecto.
Y por último también vulnera La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
En cuanto a la obligación de vender en las farmacias la PPC amenazando con multas astronómicas que asustan a los profesionales, le sugiero a la ministra que se lea la Sentencia de junio de 2015 del TC.
Es importante que en este momento los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y más el Consejo General de Farmacéuticos estén a la altura, se definan públicamente y sean valientes. Es obligación de los Colegios Profesionales defender a sus colegiados en materia de objeción de conciencia, tal como se especifica en los estatutos y Códigos Deontológicos.
Desde la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a los profesionales sanitarios que vean comprometida su libertad y el libre ejercicio de sus derechos en sus trabajos, con calma, sosiego y valentía.
Eva Mª Martín García
Presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia
