La presión contra las comunidades religiosas en Nicaragua sigue intensificándose. En la madrugada del 28 al 29 de enero, más de 30 monjas de la orden de Santa Clara, conocidas como clarisas, fueron obligadas a salir de los monasterios en Managua, Matagalpa y Chinandega. Su destino aún es incierto.
Una expulsión enmarcada en años de represión
Este episodio se suma a una serie de medidas represivas dirigidas contra instituciones religiosas en Nicaragua. En mayo de 2023, el régimen de Daniel Ortega ordenó la disolución de la Asociación de Hermanas Clarisas Franciscanas, junto con otras nueve organizaciones. En los últimos años, diversas congregaciones de monjas han sido parcial o totalmente expulsadas del país, en un contexto de creciente persecución hacia la Iglesia católica y la sociedad civil.
Golpe a la sociedad civil
El control sobre las organizaciones no gubernamentales también se ha endurecido. En las últimas horas, el Gobierno ha cancelado la personalidad jurídica de otras 10 asociaciones sin ánimo de lucro. Con esta nueva medida, la cifra total de ONG clausuradas desde diciembre de 2018 supera las 5.600, reflejando un entorno cada vez más hostil para cualquier voz disidente.
La expulsión de las monjas clarisas es una muestra más de la tensión entre el régimen nicaragüense y la Iglesia, que ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de libertades en el país. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue atenta a los acontecimientos, exigiendo respeto a los derechos humanos y la libertad religiosa en Nicaragua.
Recemos por ellas.
