“Tenemos que convocar a los jóvenes para que defiendan sus derechos”, sentenció una dirigente de juventudes. La frase no me dejó indiferente. ¿Qué fue lo que llamó mi atención? Quizá la actitud corriente de contraponer al otro como un victimario que acecha, ataca y conculca los derechos. Se ha dibujado con trazo firme una suerte de sensibilidad victimista que, en permanente estado de alerta, está presta a pasar al ataque. En esta línea, percibir la dinámica social jalonada por una suerte victimismo – aupado por un populismo de mala entraña – es poner los derechos al nivel de las emociones. Aquello que no tengo, no puedo y quiero… pero que otro disfruta, en ese momento, muda en derecho que reclama de la administración gubernamental – en sentido amplio – su satisfacción. [Por cierto, el cómo se consigue, no es preocupación del derechohabiente]
Forzar unidireccionalmente desde las altas esferas jurídico-administrativas hacia la satisfacción de los derechos, engendra una especie de cultura de la omisión. Unos, esperan y saben que de todos modos sus reclamos serán atendidos; y, otros, desconcertados o incrédulos recogen el puente elevadizo que los vincula con los afanes y preocupaciones de sus conciudadanos. En ambos casos han enajenado su posición de protagonistas para convertirse en comparsas de un espectáculo en el que su actuación está acotada y supeditada al libreto que se define desde un estado, una ideología o grupos de poder, o de los tres.
La estrategia de la contraposición, de la dialéctica, auspiciada por la izquierda gramsciana, impide o quizá sea más preciso decir, distorsiona la promoción del bien común: tarea de primer orden que compete al Estado. Al cual, antes de aventurarse en su búsqueda, le corresponde definirlo operativamente. ¿El bien común de quien? ¿De quien se percibe como víctima y con derecho pleno a ser resarcido? o ¿de quién se siente desprotegido por ser un ciudadano medianamente informado, observador de las normas y conectado con su propia identidad que no se siente ni víctima ni victimario? Toda definición tiende a delimitar, precisar y acotar, más aún a tomar posición, cosa que no conviene a las ideologías centradas en el antagonismo porque elimina de cuajo – al menos como praxis – su fundamento y motor: la dialéctica.
El bien común – en definición clásica – es el conjunto de aquellas condiciones sociales que posibilitan a los miembros de una sociedad la realización de sus fines. Desde esta óptica, compete al Estado, en el marco de un sano pluralismo, generar leyes, servicios públicos eficientes, administración de justicia, infraestructura conectiva de calidad…etc. Mas si el leviatán enarbola la bandera del populismo y aguza las contradicciones, conseguirá que el ciudadano abdique de ser protagonista principal y de pechar con la responsabilidad de su realización como persona. Ese ciudadano pergeñara una conciencia tipo piedra mojada: el agua no le penetra. Por tanto, pensará: al Estado le corresponde darme lo que necesito; al otro cumplir con sus deberes tributarios y cívicos y, si ese alguien ha logrado éxitos con su esfuerzo, tiene que compartirlo. El estado bienestar vivirá mientras haya contribuyentes.
