El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) lamentan y rechazan el asesinato de Pablo Isabel Hernández, líder indígena de Honduras, ocurrido el pasado domingo 9 de enero en zona rural del occidente hondureño.
A través de un comunicado fechado el 11 de enero de 2022 y firmado por Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del CELAM, y por Mons. Gustavo Rodríguez Vega, presidente de la REMAM, ambos organismos eclesiales condenan “de la manera más enérgica el asesinato” de Hernández.
Líder indígena y “hombre de Dios”
De acuerdo a la nota, Pablo Isabel Hernández, líder de la etnia indígena lenca, era delegado de la Palabra de Dios (agente de pastoral oficial de la Iglesia Católica en Honduras), director de Radio Tenán, “la voz indígena lenca”, defensor de los derechos humanos y de la Casa Común, presidente de la Red de Agroecólogos de la Biosfera Cacique Lempira, impulsor de la Universidad Indígena y de los Pueblos y alcalde mayor de La Auxiliaría de la Vara Alta de Caiquín, en el departamento de Lempira, Honduras.
Asimismo, “Pablo era un hombre de Dios, que amaba a su familia, amaba a los suyos y respetaba y hacía respetar la ‘Casa Común’”. Precisamente, la mañana del domingo en el que fue asesinado se dirigía la comunidad donde iba a realizar una celebración de la Palabra.
Medidas de protección para activistas en Honduras
En su mensaje, las dos organizaciones de la Iglesia latinoamericana transmiten sus condolencias a su esposa, hijos y familiares, así como a sus amigos y compañeros. Al mismo tiempo, hacen llegar su apoyo “al pueblo de Honduras, víctima de poderosas redes criminales que han convertido al país en el quinto del mundo que más ha sufrido asesinatos de defensores del ambiente”.
Finalmente, el CELAM y la REMAM, junto con el pueblo hondureño, la comunidad internacional, los defensores de la vida, los derechos humanos y la Casa Común del mundo, “exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de este vil crimen, así como el sometimiento a la justicia penal de los responsables y la inmediata ejecución de medidas de protección para los activistas del movimiento social, ambiental y de derechos humanos de Honduras”.
