Los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) emitieron este pasado 25 de julio un comunicado en el que denuncian la destitución del fiscal general de la Republica Juan Francisco Sandoval, y describen el suceso como “un hecho de insoslayable notoriedad”.
Llamado a todos los operadores de justicia
En el mensaje firmado por el arzobispo de Guatemala, Gonzalo de Villa y Vázquez y monseñor Antonio Calderón Cruz, obispo de Jutiapa expresan que hacen “un llamado a todos los operadores de justicia, a quienes están revestidos de autoridad en las diversas instituciones del país para que se empeñen más en la búsqueda de justicia, en construcción de la paz como bien mayor; a ser valientes en reconocer sus errores y a no perder el horizonte del bien común como expresión máxima del sentido del Estado de Guatemala”.
Guatemala atraviesa una crisis de institucionalidad desde inicios del año 2021 por lo que reiteradamente los obispos han pedido a los políticos actuar a favor de la ciudadanía.
“De todos es sabido que el proceso de administración de justicia en Guatemala tiene graves falencias, como nosotros lo hemos señalado en numerosas ocasiones. El Ministerio Público es, por ley, el órgano del Estado encargado de la investigación y persecución penal ante los delitos cometidos. En los últimos años logró investigar hechos que anteriormente gozaban de total impunidad, generando esperanza en la ciudadanía y aliviando a las víctimas. En ello la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha desempeñado un papel fundamental”, lamentan los prelados.
Recogen el clamor ciudadano
Los obispos agregan en su mensaje que recogen “el clamor ciudadano al percibir que este hecho significa un evidente retroceso en la lucha por un eficiente combate a la corrupción e impunidad, que tanto daño han hecho para el desarrollo integral del país. Quienes se han alegrado ante la destitución es porque se sienten seguros y cómodos cuando el régimen de impunidad se consolida”.
Denuncian además que “la abrupta destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval le ha hecho un daño irreparable al país. Se ralentizan los importantes casos que llevaba, es enorme la pérdida de credibilidad del Ministerio Público, crecerá la indignación ciudadana, aumentarán las protestas sociales y el nivel de conflictividad, se complicará más el ya deficiente manejo de la pandemia y el tortuoso proceso de vacunación”.
Finalmente, en el texto publicado y enviado a diferentes agencias de noticias los obispos denuncian y hacen un llamado acatar la ley. “Nada hay más peligroso para la institucionalidad del país que haya mafias enquistadas en los órganos del Estado. Solo si la ley se acata y obedece con sentido moral, se puede interpretar y aplicar al servicio de bien común”.
