En el Salvador los obispos piden a los diputados ratificar el derecho humano al agua y expresan su preocupación por la falta del reconocimiento del agua como un derecho humano en El Salvador y por la posible contaminación del Río Lempa a causa del proyecto minero del Cerro Blanco en la zona fronteriza con Guatemala.
Piden ratificar el derecho humano al agua
El comunicado de la Conferencia Episcopal recoge un llamamiento a la actual Asamblea Legislativa para que ratifique las reformas constitucionales que fueron aprobadas por la legislación anterior: “en cuanto a la ratificación de las reformas constitucionales sobre el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada, pedimos para bien de todos, que la Asamblea Legislativa ratifique dichas reformas constitucionales. Reformas hechas en los artículos, 2 y 69, con la finalidad de que el Estado Salvadoreño reconozca el agua y la alimentación adecuada como derechos humanos”.
Los obispos reconocen la función social de las Juntas de Agua y solicitan que se les dé la oportunidad de expresar sus consideraciones u observaciones a la Ley General de Recursos Hídricos: “Las juntas de agua por lo general le dan cobertura de agua a la zona rural del país, es decir llegan a los lugares donde el Estado no llega, cumplen una función social y ambiental importante para que las familias puedan consumir agua y esto también posibilita mejores condiciones sanitarias y de alimentación”.
Denuncian problemática ambiental
Una grave problemática ambiental representa el proyecto minero del Cerro Blanco en Guatemala. El Cerro Blanco está ubicado en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador, en un importante acuífero subterráneo entre el Río Ostúa de Guatemala y el municipio de Metapán, de El Salvador.
El rio Ostúa contaminará el lago de Güija, debido a las cantidades de arsénico natural que recibe provenientes de la actividad en la mina Cerro Blanco; y el lago Güija contaminará el río Lempa, pues es su más grande proveedor de agua. Por tal motivo, “hacemos un vehemente llamado a las autoridades de nuestro país a realizar todas las diligencias posibles para parar dicho proyecto; y, pedimos a la comunidad internacional, no permitir tal desastre humano y ambiental” expresan en el mensaje.
Por su parte el rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, Andreu Oliva, señaló que sería “muy dramático para el país que un recurso como este (agua) quede en manos de unos pocos que, sin duda, buscarán comercializarla”. “De llegar a privatizar este recurso, la clase política del país sería totalmente rechazada por la población que ya está cansada de las actitudes de los políticos, quienes no escuchan las demandas de los ciudadanos”, expresó el jesuita.
Oliva aseguró que la UCA está dispuesta a seguir acompañando a la población más vulnerable de la nación centroamericana, afectada por un estrés hídrico provocado por el cambio climático, y a llegar “hasta las últimas instancias, si es necesario”. Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 por ciento de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 por ciento de las aguas superficiales contaminadas.
Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.
