Quince países de la Unión Europea se han unido a una demanda legal en contra de un proyecto de ley de protección de la infancia en Hungría, que ha sido objeto de críticas por su postura en contra de los derechos del colectivo LGTBI. La Comisión Europea presentó la demanda el año pasado y España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Austria, Irlanda, Dinamarca, Malta, Suecia, Finlandia, Eslovenia, Francia, Alemania y Grecia, así como el Parlamento Europeo, se unirán como terceras partes. El plazo para sumarse a la demanda finalizó el pasado 6 de abril.
La ley húngara fue promulgada en 2021 por el gobierno de Viktor Orbán. Esta ley tiene el objetivo de eliminar las actividades o publicidad que promuevan la educación sexual, la homosexualidad o el cambio de género en la etapa escolar, especialmente cuando estas se dirigen a menores de 18 años o se difundan en horario infantil en el ámbito televisivo.
La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, describió entonces como “vergonzosa” la ley afirmando que “claramente discrimina a la gente en base a su orientación sexual”.
Ante estas afirmaciones, el primer ministro de Hungría Viktor Orbán afirmó: “defiendo los derechos de los homosexuales, pero esta ley no es sobre eso. Es sobre los derechos de los niños y sus padres. La ley defiende la exclusividad de los padres a la hora de decidir cómo quieren educar sexualmente a sus hijos”.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Sziijártó, ha declarado recientemente en una conferencia que “no se trata de una simple decisión gubernamental ni de una decisión parlamentaria, sino que es la voluntad del pueblo, como se expresó en un referéndum y no conocemos una decisión de mayor nivel en una democracia. Estaremos del lado de la protección de la infancia, de la protección de los niños húngaros, independientemente de cuántos países se unan a la demanda contra nosotros”.
