Al día siguiente de la publicación de Dignitas infinita, el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que enumera el aborto entre las violaciones de la dignidad humana como una práctica «grave y deplorable», obispos de toda Europa reiteran su «no» a la interrupción del embarazo que «nunca puede ser un derecho fundamental» y que va «en dirección contraria a la promoción real de la mujer y de sus derechos». Así se puede leer en una declaración de COMECE, el organismo que reúne a las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, titulada «Sí a la promoción de la mujer y al derecho a la vida, no al aborto y a la imposición ideológica» publicada en vísperas de la votación en el pleno, prevista en Bruselas el 11 de abril, sobre la inclusión del derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).
Resolución presentada en julio de 2022
Tras la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa, el debate sobre la introducción de la interrupción del embarazo entre los derechos fundamentales de la UE se ha reabierto, de hecho, a nivel europeo. La resolución ya había sido presentada el 7 de julio de 2022 y había suscitado la oposición de algunos Estados miembros, ahora los eurodiputados han decidido relanzar la propuesta, por lo que se votará de nuevo pasado mañana.
Una sociedad en la que ser madre no sea una limitación
En vísperas de la votación, los responsables de Comece se dirigen a los miembros de la Eurocámara y a los ciudadanos europeos para reiterar, en primer lugar, que «la promoción de la mujer y de sus derechos no está ligada a la promoción del aborto». «Trabajemos por una Europa en la que las mujeres puedan vivir su maternidad libremente y como un don para ellas y para la sociedad, y en la que ser madre no sea en ningún caso una limitación para la vida personal, social y profesional», afirman los prelados.
Derecho a la vida
«El aborto -prosiguen- no puede ser nunca un derecho fundamental. El derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos humanos, en particular del derecho a la vida de las personas más vulnerables, frágiles e indefensas, como el niño no nacido en el seno materno, el emigrante, el anciano, el discapacitado y el enfermo». A continuación, cita el pensamiento de la Iglesia que siempre ha pensado «coherentemente» que la «defensa de la vida por nacer está estrechamente vinculada a la defensa de cualquier otro derecho humano. Supone la convicción de que el ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cualquier etapa de su desarrollo».
No a las imposiciones ideológicas sobre la persona humana
El documento concluye citando la misma declaración de Dignitas infinita sobre la dignidad humana: «El ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otros problemas. Si se pierde esta convicción, se pierde también la base sólida y duradera para la defensa de los derechos humanos, que estarían siempre sujetos a los caprichos pasajeros de los poderosos». Por ello, las Conferencias Episcopales de la UE piden a la Unión Europea que «respete las diferentes culturas y tradiciones de los Estados miembros y sus competencias nacionales», y que no «imponga a los demás», dentro y fuera de sus fronteras, «posiciones ideológicas sobre la persona humana, la sexualidad y el género, el matrimonio y la familia, etc.».
Respeto a la diversidad de culturas y tradiciones
«La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE», reza el texto, «no puede incluir derechos que no sean reconocidos por todos y que provoquen divisiones». No existe ningún derecho reconocido al aborto en el Derecho europeo o internacional, y la forma en que se aborda esta cuestión en las Constituciones y leyes de los Estados miembros varía ampliamente». En efecto, es la propia Carta, en su preámbulo, la que pide que se respete «la diversidad de las culturas y tradiciones de los pueblos de Europa», así como «las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros».
La nota fue firmada por el Comité Permanente del Comece: el Presidente Mariano Crociata, Obispo de Latina (Italia); el Vicepresidente Primero Antoine Hérouard, Arzobispo de Dijon (Francia); y los Vicepresidentes Nuno Brás da Silva Martins, Obispo de Funchal (Portugal), Czeslaw Kozon, Obispo de Copenhague (Escandinavia), Rimantas Norvila, Obispo de Vilkaviškis (Lituania).
