El pasado miércoles 28 de julio de 2021 en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Quito, se realizó de manera oficial la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Iglesia de Ecuador, Pastoral Social Cáritas, la Rede Eclesial Panamazónica (REPAM), la Red Nacional de Pastoral Ecológica (RENAPE) y la Defensoría del Pueblo.
Tal y como informó Cáritas Ecuador en una nota, al evento protocolario asistieron de manera presencial su secretario ejecutivo, el padre José García, y la defensora del Pueblo, la doctora Zaida Elizabeth Rovira Jurado, y de manera virtual participaron monseñor Adalberto Jiménez, presidente de la REPAM y el P. Enry Armijos, coordinador de la RENAPE, quienes suscribieron el convenio interinstitucional en defensa de los Derechos Humanos y la Naturaleza para la promoción y protección de los mismos.
Intervenciones
La nota de la Pastoral Social ecuatoriana refleja cómo durante su discurso, el P. García enfatizo la importancia de sumar esfuerzos y destacó las distintas vulneraciones de derechos a las cuales las personas más vulnerables se encuentran expuestos, así como los derechos vulnerados de la naturaleza.
Además dio a conocer algunos de los casos más urgentes que merecen ser atendidos, como son: la presencia de 450 mecheros encendidos las 24 horas del día, los 365 días del año en Sucumbíos y Orellana, los mismos que están causando graves daños a las comunidades amazónicas, como lo es el cáncer, debido al gas tóxico que se deriva del petróleo.
Ante esta situación, se refirió al caso de las 9 niñas que impusieron una demanda al Estado ecuatoriano para que desaparezcan los mecheros de la muerte, y compartió con la Defensora del Pueblo las preocupaciones de estas comunidades, cuando el juez que llevaba el caso dictaminó sentencia de palabra, reconociendo la vulneración de derechos de las 9 niñas accionantes pero privilegiando a las empresas petroleras con 9 años para que apaguen los mecheros. Al momento no hay una sentencia escrita, por lo que la población se siente burlada y sienten que sus exigencias no fueron escuchadas.
Por su parte, la Dra. Rovira mencionó que son varios años que la Defensoría del Pueblo articula acciones en diversos territorios haciendo realidad y garantizando los derechos humanos. Ahora a través de este convenio con la Pastoral Social Cáritas Ecuador, se va a continuar con la protección y defensa de los derechos humanos y la naturaleza.
Acciones y compromisos
Entre las acciones del convenio a desarrollarse se encuentran las áreas de educación, investigación, asistencia técnica, comunicación, remisión y articulación de casos con población vulnerable en la tutela de los derechos. Este Convenio servirá como marco general para la definición de las acciones conjuntas. Las partes tramitarán, de conformidad con el presente instrumento y normativa aplicable, suscribirán de convenios específicos que viabilicen actividades y permitan la ejecución del objeto del presente convenio.
Al respecto de los compromisos conjuntos, se subrayó la coordinación de actividades tendientes a fortalecer las capacidades de las instituciones en el cumplimiento de sus atribuciones y de espacios para Incidencia en la Política Pública con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en cumplimiento de las atribuciones de cada institución.
También se suscribió el desarrollo de estudios e investigaciones conjuntas en materia de derechos humanos y de la naturaleza, con la participación de servidores/as de las dos instituciones y de la capacitación en derechos humanos y de la naturaleza, entre personas que integran RENAPE, REPAM ECUADOR, y Red de Cáritas a través de la Secretaría General (SEGE) de CÁRITAS ECUADOR y como contraparte la Defensoría del Pueblo.
Se habló de incorporar en todos los escenarios y publicaciones que se efectúen en cumplimiento de este convenio, el nombre y logo de las partes o cualquier otro que dispongan, coordinar el aporte técnico-operativo de profesionales, equipos, instalaciones existentes y tecnología con la que cuentan las instituciones, en el marco de sus competencias e intercambiar publicaciones generadas por las instituciones.
Por último, hubo un consenso en diseñar y ejecutar conjuntamente iniciativas que faciliten el cumplimiento del objetivo del convenio y generar mecanismos o rutas de atención para la remisión de casos específicos de tutela para población con criterio de vulnerabilidad.
