Tras una alerta realizada por las Misioneras de la Madre Laura de la Provincia de Medellín, la Red Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia hizo un llamado de urgencia a las autoridades ante la difícil situación que viven las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del occidente del departamento de Antioquia, informa ADN CELAM, sistema informativo del Consejo Episcopal Latinoamericano.
En la denuncia advirtieron sobre los efectos del recrudecimiento del conflicto armado, al presentarse una disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Dentro de las principales problemáticas se encuentra el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonales, las amenazas a líderes y comunidades, los asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamientos y abusos sexuales contra los civiles.
Una misión humanitaria
Las organizaciones piden que tanto al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como los diferentes actores armados respeten el Derecho Internacional Humanitario y acaben con la siembra de minas antipersona por las graves consecuencias que esto implica para las víctimas de estos artefactos. En el comunicado anuncian la realización de una misión humanitaria que se iniciará en los municipios de Dabeiba y Frontino con el objetivo de escuchar, acompañar y brindar apoyo moral a las comunidades ante la crisis que padecen.
Para ello solicitaron la presencia de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos entre ellas se incluye a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Naciones Unidas en Colombia.
Autoridades activas y efectivas
Dirigiéndose a las autoridades abogan por un desarrollo efectivo del proceso de desminado, aplicando la metodología necesaria para que las comunidades no resulten implicadas en el conflicto. Se hace necesario que la Procuraduría General de la Nación rompa su silencio frente a las actuaciones de los grupos armados y la posible responsabilidad por acción, omisión y consentimiento de la Fuerza Pública en la situación que padecen las comunidades. También solicitan a la Defensoría del Pueblo que actualice las alertas tempranas de la región y ejerza sus funciones constitucionales para garantizar los derechos humanos de sus habitantes.
Para la organización, es necesario que el Gobierno responda a su obligación de ofrecer la ayuda humanitaria que requieran las comunidades actualmente en situación de confinamiento o desplazamiento forzado. Igualmente advierten sobre la necesidad de retomar con urgencia los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) así como los acercamientos con otros actores armados a los cuales se les exige gestos y signos que demuestren su verdadero compromiso con la paz.
Esto implica adelantar su labor constitucional de combatir y desmontar las estructuras paramilitares o sucesoras del fenómeno en áreas de operación de la Fuerza Pública donde pese a su presencia no existe una evidencia clara de acciones pensadas para su desmantelamiento. Sin olvidar que las autoridades departamentales deben ejercer sus obligaciones constitucionales en lo referente a la coordinación institucional para atender de manera integral la crisis humanitaria de esta zona del país.
La Red Solidaridad Interreligiosa en Zonas de conflicto en Colombia (SIZOCC) está integrada por la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, las diócesis de Apartadó, Quibdó, Itsmina-Tadó, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y la Iglesia Presbiteriana junto a otras organizaciones y redes solidarias de Colombia y el mundo.
