Los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) han publicado hoy un comunicado oficial en el que declaran con rotundidad que “el aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida”, palabras dirigidas con motivo de la despenalización por parte de la Corte Constitucional de la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación.

“¡Recurramos todos a la solidaridad creativa en favor de la vida!” es el título que el Episcopado ha escrito en su nota de alerta sobre esta delicada situación, ante la que manifiesta su “perplejidad y profundo dolor”.

Aborto, fruto del drama

Los prelados colombianos reconocen que, “en no pocas ocasiones, la realidad del aborto responde a dramas humanos que acarrean múltiples dificultades y angustias para la madre y su entorno, especialmente cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual o se debe afrontar en condiciones de abandono, exclusión o penuria económica”. En estos casos, aseguran, “cuando la mujer es víctima, es razonable que tanto la sociedad civil como el ordenamiento jurídico procuren su defensa y protección”.

A pesar de ello, consideran que “la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo”. No se puede, exhortan, “ocultar o minimizar el hecho de que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad, quien tiene a su vez el derecho a formar parte de la familia humana”.

“Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución (cf. art. 2. 5. 9), no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida”, explican.

Otras alternativas

Frente al proceso propuesto por la Corte Constitucional, la CEC se pregunta si “no habrían otros caminos que permitieran salvaguardar la vida de las madres junto con la de sus hijos todavía no nacidos”. Por esto, aclara que “el problema del aborto no puede limitarse solo a la mujer gestante, sino que reclama la solidaridad de la entera sociedad”.

Por último, el Episcopado recurre al deber constitucional de todos los colombianos de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas (…), ya que esta virtud permite crear alternativas de bien, allí donde el mal se enarbola como única opción, queremos ser los primeros en ayudar a encontrar la opción buena cuando el aborto parece ser la solución”.