A través de una “carta de apoyo y solidaridad”, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) expresó su cercanía a la Iglesia y el pueblo de Colombia por “la crítica situación que atraviesa el país, en medio de múltiples expresiones de protesta ante la grave problemática social, política, económica y de salud”.

En su mensaje, emitido ayer, jueves 6 de mayo e 2021, los obispos del CELAM rechazan “los actos de violencia”, denuncian “la violación de los derechos humanos, el vandalismo, la desaparición de personas y los atentados contra la integridad física, que ya deja decenas de fallecidos y cientos de muertos”, y hacen suyo “el dolor del pueblo colombiano, que ha hecho tantos esfuerzos por alcanzar la reconciliación y la paz nacional”.

Construcción de la paz

Los prelados latinoamericanos muestran su preocupación por el “impacto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, a lo que se suman los bloqueos en la movilidad, la inseguridad en las ciudades, el desabastecimiento de alimentos y los sensibles daños causados a la infraestructura y a los bienes públicos y privados”.

Asimismo, manifiestan su apoyo a ser “los artesanos de la paz, la esperanza y la reconciliación, abriendo canales para el diálogo social y la construcción de consensos que apunten al bien común”, y agradecen a los pastores de Colombia por sus esfuerzos “caminando con el pueblo (…) para garantizar la cultura del cuidado y del encuentro, el respeto a la vida y la garantía de corredores humanitarios que permitan el acceso a los bienes esenciales”.

Jornada de oración por la paz

Los obispos colombianos convocaron el pasado 4 de mayo a todas las comunidades católicas para que hoy día 7 se realice en todas las parroquias del país una jornada de oración para pedir por la paz en la nación.

Ante la compleja situación social que atraviesa el país en estos momentos, enmarcada en la emergencia sanitaria mundial, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) emitió un comunicado de ocho puntos en el que advierte que, si bien las protestas son un derecho válido de ejercer y una alternativa, éstas deben hacerse respetando los derechos humanos.