La presión de los obispos, de la pastoral indígena, de la vida religiosa y de diferentes organizaciones eclesiales y civiles, ha contribuido para que la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada en la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina, sea derogada. Así ha informado ADN CELAM, órgano informativo del Consejo Episcopal Latinoamericano.
Escuchar a todas las voces del pueblo
Sobre este asunto, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, ha decidido convocar un plebiscito “para escuchar a todas las voces del pueblo”, buscando así recuperar la paz social en una región que se ha visto afectada por protestas en los últimos días. Todo viene de la semana pasada en la que, como diferentes voces han denunciado, con votos comprados, se aprobó una ley que fue sancionada inmediatamente, pasando por encima de la legislación vigente.
Según informa el CELAM, unos de los primeros en reaccionar ante tal tropelía fueron los obispos de la Región Patagonia Comahue, que dejaron claro su apoyo al pueblo, llamando a la manifestación pacífica, algo que no todos los manifestantes respetaron.
Una mesa de diálogo
De acuerdo al mismo medio, la resolución se trataba de una mesa de diálogo en la que están llamados a participar tanto los que están a favor como los que están en contra de la megaminería y que supone la prevalencia de aquello que los obispos pedían abiertamente en su mensaje de denuncia, una actitud manifestada en los últimos años e ignorada por las autoridades, en los que le megaminería se ha convertido en una de las grandes amenazas para el medio ambiente y para la población de la provincia, especialmente los pueblos originarios.
El argumento del gobernador de la provincia, que cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Minería (Cofemin), es que la megaminería crea trabajo para quienes no lo tienen y genera inversiones para industrializar la producción, creando recursos para mejorar la educación, seguridad y salud, un argumento que no convence a la mayoría de la población, tampoco a los obispos.
Condena del uso desmedido de la fuerza
Sobre todos los mensajes de protesta han sido claros y han denunciado la violencia institucional con la que se pretendía imponer un proyecto que no respetaba las leyes establecidas. En ese sentido, el episcopado ha exigido el cese de la represión a las manifestaciones populares, considerando ilícito el uso de la fuerza de la forma en que estaba sucediendo. Una postura también sostenida desde la Pastoral Aborigen, que mostró su repulsa al “ultraje y despojo” que provoca la minería, una actividad que consideran no sustentable.
Para finalizar, los obispos explican que “el resultado muestra una vez más la importancia y la fuerza que puede tener la Iglesia ante aquello que provoca dolor y sufrimiento”. “No olvidemos que el clamor de la madre Tierra y de los pobres es el mismo. A final de cuentas, son ellos quienes sufren las consecuencias más graves de una economía que mata”, concluyen.
