La Lucha por la dignidad y el acceso al agua en la Amazonía Peruana
Durante décadas, Graciela Tejada y sus vecinos de 21 de Setiembre, un asentamiento humano en el distrito de Punchana en Iquitos, la mayor ciudad amazónica de Perú, sufrieron el hedor y el peligro para la salud de una alcantarilla abierta que pasaba por delante de sus casas. Durante la temporada de lluvias, cuando el río crecía y su barrio se inundaba, el agua cargada de heces humanas y residuos de un camal y un hospital se deslizaba por las puertas de sus casas.
En 2016, con el apoyo de la Parroquia de La Inmaculada, el Vicariato Apostólico de Iquitos y el Instituto de Defensa Legal, una organización de derechos humanos con sede en Lima, Tejada y otros dirigentes de 21 de Setiembre y del vecino asentamiento humano de Iván Vásquez Valera demandaron a los gobiernos regional, provincial y distrital condiciones de vida dignas y acceso al agua potable, servicio de recojo de basura y saneamiento.
Aunque el canal abierto de desagüe hacía especialmente atroz su situación, su demanda podría tener eco en asentamientos urbanos y comunidades rurales de toda la región nororiental peruana de Loreto. Esta región, que incluye la mayor cobertura de bosque en el Perú amazónico, posee también las mayores reservas de agua dulce del país, pero apenas la mitad de sus habitantes tiene acceso al agua potable. No por casualidad, también tiene algunas de las tasas más altas del país de desnutrición infantil y anemia.
Tejada y los demás demandantes ganaron el caso, pero la ciudad apeló la sentencia, una acción habitual en Perú, donde incluso el Ministerio de Sanidad apela con frecuencia las sentencias que le obligan a resolver problemas de salud relacionados con la contaminación por residuos industriales y de otras fuentes. El tribunal de apelaciones dio la razón a la ciudad, que alegó que la ley le prohibía construir infraestructura de servicios públicos en zonas inundables, a pesar de que cientos de miles de personas viven en esas zonas alrededor de Iquitos, y a pesar de que la ciudad había construido escuelas y suministraba electricidad en los asentamientos de los demandantes.
‘Venga a nosotros tu reino’
Los demandantes recurrieron al Tribunal Constitucional y el caso se prolongó durante años. Los líderes populares y los párrocos de la parroquia de La Inmaculada, los agustinos Manolo Berjón y Miguel Ángel Cadenas, que apoyaban a los vecinos desde el principio, fueron ridiculizados por asumir una tarea imposible.
Sin embargo, el 11 de agosto de este año, los demandantes recibieron la noticia de una sentencia histórica: el Tribunal Constitucional había fallado a su favor, ordenando al ayuntamiento que detuviera el vertido de residuos sin tratar procedentes del camal, el hospital y el alcantarillado municipal, cubriera de forma segura el canal de aguas residuales existente y proporcionara servicios de agua, saneamiento y recojo de basura.
Los dos asentamientos no son los únicos beneficiarios. El tribunal dictaminó que existe un “estado de cosas inconstitucional” en toda la región de Loreto debido a la falta de acceso a agua potable y saneamiento. La sentencia es el primer paso para corregir una grave injusticia para la región, que además tiene el mayor porcentaje de habitantes indígenas del Perú amazónico.
En un acto público celebrado el 20 de agosto en el Asentamiento Humano 21 de septiembre, en el que un abogado explicó a los residentes la decisión del tribunal, el P. Berjón dijo a la gente que, con su lucha por la justicia medioambiental, habían ayudado a instaurar el reino de Dios en la Tierra.
La justicia en defensa de la casa común
La lucha no había sido fácil. Algunos líderes de la comunidad se rindieron por el camino. Otros ridiculizaban a los que insistían en continuar con la demanda. Dentro de la Iglesia, Berjón y Cadenas se enfrentaron a las burlas por su firme apoyo a los dos asentamientos. Pero tenían a su favor décadas de doctrina social católica.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia sostiene que “El principio del destino universal de los bienes, naturalmente, se aplica también al agua, considerada en la Sagrada Escritura símbolo de purificación (cf. Sal 51,4; Jn 13,8) y de vida (cf. Jn 3,5; Ga 3,27): ‘Como don de Dios, el agua es instrumento vital, imprescindible para la supervivencia y, por tanto, un derecho de todos’”. Además, “El agua, por su misma naturaleza, no puede ser tratada como una simple mercancía más entre las otras, y su uso debe ser racional y solidario”.[i]
Incluso el tribunal peruano reconoció el liderazgo de la Iglesia en la defensa del derecho al agua potable. En su decisión, los magistrados citaron las palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, sobre el Cuidado de la Casa Común: “En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarle el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”.[ii]
Tarea urgente para la iglesia
La mención de Laudato Si’ en la sentencia del Tribunal Constitucional es un llamado de atención para la iglesia en todo el Perú: Claro está que la tarea ahora es acompañar no solo a los asentamientos humanos de las y los demandantes, sino a todas los asentamientos urbanos y las comunidades rurales que carecen de agua potable, y que sufren las consecuencias. Si bien el Tribunal Constitucional habla de la región de Loreto, la problemática es la misma en toda la Amazonía, y merece una respuesta en conjunto de los vicariatos amazónicos.
Esto significa primero difundir la sentencia y concientizar con respecto al agua como un derecho humano, y especialmente como un derecho excesivamente postergado de los y las habitantes de las comunidades más descuidadas. Después, en colaboración con ellos y ellas, se puede elaborar propuestas innovadoras para abordar la falta de agua y saneamiento a las dificultades generadas por las inundaciones estacionales en zonas urbanas.
Las redes eclesiales ambientales que se han formado en la Pan Amazonía, Mesoamérica y el Gran Chaco deben servir de nexos para compartir experiencias, proponer soluciones y hacer incidencia. La tarea es urgente, y en Perú ahora el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a la justicia ambiental, la justicia hídrica, para cientos de miles de personas.
La Iglesia católica debe liderar la defensa del derecho al agua potable, especialmente para los indígenas que viven en comunidades nativas o en zonas urbanas periféricas. Esto implica la colaboración de todos los obispos amazónicos, con el apoyo de la Conferencia Episcopal del Perú. Se trata de un asunto urgente de derechos humanos, de justicia y de poner la Iglesia al servicio de los más vulnerables.
La capacidad de los pobladores de 21 de Setiembre e Iván Vásquez Valera de imaginar una vida digna, con agua segura y un medio ambiente sano, les llevó a la victoria en el Tribunal Constitucional, dijo el obispo Cadenas en el encuentro del 20 de agosto: “La imaginación que encontramos en [esta lucha] es lo que los cristianos rezamos en el Padre Nuestro: ‘Venga a nosotros tu reino’, ese reino de Dios que Jesús predicaba, donde todos podemos vivir con dignidad, como personas, como gente que somos”.
Bárbara Fraser. Coordinadora, Vicaría del Agua, Vicariato Apostólico de Iquitos, Perú y exalumna de la Academia Internacional de Líderes Católicos
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[i] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No. 484-485, consultado en: https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
[ii] Laudato Si’, Sobre el Cuidado de la Casa Común, No. 30, consultado en: https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
