En unión con el papa Francisco, que expresó su tristeza y preocupación el 12 de febrero, después del rezo del ángelus, la fundación ACN pide no olvidar la terrible situación que está viviendo Mons. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y solicita oraciones por él y por todos los que sufren en Nicaragua.
Según han informado diferentes medios de comunicación, el gobierno estaría ahora deteniendo y amonestando a sacerdotes que mencionan en sus celebraciones a Mons. Rolando Álvarez, por ser ello “una actividad prohibida”. Al menos dos sacerdotes habrían sido detenidos en Madriz y en Nueva Segovia por mencionar o rezar por el obispo durante sus celebraciones dominicales.
Por todo ello, ante el intento de silenciar las oraciones del pueblo de Nicaragua, ACN pide a los benefactores de todo el mundo reforzar todavía más las oraciones por la Iglesia nicaragüense, para que esta se sienta acompañada en el desafío que vive en estos momentos y pueda seguir proclamando el Evangelio y acompañando a su pueblo, especialmente a los más débiles y pobres.
Condenado por traidor de la patria
La condena del obispo Rolando Álvarez se hizo pública un día después de que se negara a abandonar el país con más de doscientos presos políticos, entre ellos varios sacerdotes y seminaristas, acusados de «conspiración» y deportados a Estados Unidos. Entre los expulsados del país se encontraban los sacerdotes Óscar Benavides, Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Díaz y Benito Martínez, así como el diácono Raúl Veja. También fueron deportados los seminaristas Melkin Centeno y Darvin Leyva, así como dos encargados de comunicación social de la diócesis de Matagalpa, Manuel Obando y Wilberto Astola. Todos ellos estaban en prisión por atentar “contra la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo», incitando a «la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica». El obispo de Matagalpa, en prisión domiciliaria desde la madrugada del 19 de agosto del año pasado, formaba parte de la lista de personas que debían embarcar, pero se opuso a ello.
Su juicio, previsto para el miércoles 15 de febrero, fue adelantado y el juez dictó una sentencia de 26 años, lo que supondría que Mons. Álvarez permanecería en prisión hasta 2049, le declaró «traidor a la patria” y culpable de «conspiración para atentar contra la integridad nacional y de difundir noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y de la sociedad nicaragüense».
Intento de silenciar a la Iglesia
ACN denunció, en agosto de 2022, la situación que están viviendo los católicos en el país. Regina Lynch, directora de proyectos de ACN a nivel internacional, afirmó que se estaba asistiendo a «un intento de silenciar a la Iglesia en Nicaragua».
“Nicaragua sigue convulsionada por la crisis que comenzó hace más de cinco años. La situación en el país centroamericano es crítica, con una gran polarización y mucha confrontación. Creemos que en estos momentos la oración es más importante que nunca”, dijo Lynch.
La fundación está consternada por las noticias que recibe regularmente de sacerdotes a los que no se les ha permitido volver al país, de restricciones de visado a religiosos y religiosas, del control y vigilancia de los movimientos de sacerdotes y obispos, escuchas en las homilías así como de la prohibición de procesiones y celebraciones religiosas.
En una situación de gran deterioro a nivel político y social, el compromiso de la Iglesia en su papel como mediadora de la paz y promotora de la reconciliación en el país, ha llevado a fieles y sacerdotes a ser víctima de represiones, falsas acusaciones, detenciones injustas y condenas de cárcel.
Cientos de ataques contra la Iglesia
En noviembre de 2022, se publicó la edición actualizada del informe «Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?«, de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina. Según este informe en el periodo comprendido entre abril de 2018 y octubre de 2022, se dieron 396 ataques contra la Iglesia católica en este país centroamericano.
Entre los casi cuatrocientos episodios documentados, se reportan profanaciones, robos, amenazas y discursos de odio. Durante este periodo, varios obispos, sacerdotes, religiosas y laicos fueron blanco de represalias por parte de las autoridades.
La drástica medida que ha tomado el gobierno contra de Mons. Álvarez es un escalafón más en una espiral de confrontación contra la Iglesia y sus miembros. Ya con antelación se había expulsado del país al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo de 2022 y forzado la salida de las misioneras de la caridad, la congregación fundada por St. madre Teresa de Calcuta, así como de otros religiosos y sacerdotes. Además, el gobierno cerró el canal de televisión de la conferencia episcopal y otras emisoras de radio católicas y nacionalizó la universidad católica del Trópico Seco que pertenecía a la diócesis de Estelí.
