La Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas Ecuador publicó el pasado lunes 1 de marzo de 2021 un comunicado “ante la vulneración de los derechos humanos en la frontera sur del país”, concretamente en Huaquillas.
Tal y como señala el mismo comienzo de la nota, desde el mes de diciembre de 2020 se ha incrementado el ingreso de refugiados y migrantes venezolanos por pasos informales en la frontera entre Colombia y Ecuador, situada en la provincia de Carchi, llegando a la cifra aproximada de 35.000. Consecuencia de ello, señala, es el incremento del tránsito hacia la ciudad de Huaquillas, en la frontera sur, de población venezolana que intenta llegar a Perú y países del Cono Sur.
Militarización y necesidad
Pese a la necesidad de una respuesta humanitaria a dicha migración, apunta el comunicado, desde finales de enero de 2021 existe una militarización en la frontera peruano-ecuatoriana: La presencia masiva de fuerzas armadas “impidiendo el tránsito de caminantes hacia Perú (…) ha creado una situación de emergencia humanitaria en la ciudad de Huaquillas”.
En esta línea, el texto apunta cómo una evaluación realizada por Cáritas Ecuador en Huaquillas del 8 al 12 de febrero mostró que “las necesidades de la población en movilidad humana son agudas y con altos riesgos para migrantes, pero también para la población local pues la infraestructura de la ciudad no está en capacidad de albergar un masivo número de personas que hoy por hoy se encuentran en esta localidad”.
Riesgos de protección
Igualmente, la Comisión Episcopal destaca la presencia de población vulnerable como “mujeres embarazadas, bebés lactantes, núcleos familiares con presencia de niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores y personas con discapacidad”, entre la población en movilidad humana.
Existe, añade Cáritas Ecuador, “graves riesgos de protección” como el “abuso de poder y actos de corrupción por parte de las fuerzas públicas de seguridad peruana”, incluyendo el cobro de entre 30 y 50 dólares por persona por el simple hecho de permitir el paso en algunos puntos fronterizos, así como el “uso desmedido de la fuerza contra civiles desarmados incurriendo incluso a devoluciones forzadas de migrantes en la frontera”.
Otro riesgo, expone el comunicado, es la “falta de acceso a información sobre procedimientos especiales de cruce de fronteras y derechos de personas en situación de movilidad humana”, y también el “limitadísimo acceso a servicios y cobertura de necesidades básicas para la subsistencia y dignidad de las personas como salud, alimentación, higiene, agua y vivienda”.
Falta de recursos y voluntad
La comisión también subraya que la “falta de recursos y voluntad política por parte de las autoridades y del sistema público para afrontar esta emergencia está generando que esta situación ponga en riesgo a hombres, mujeres, niñas y niños migrantes, no solo por el contagio de COVID-19, sino también por dejarlos expuestos a otros riesgos epidemiológicos con un sistema de salud saturado y desfinanciado sin recursos humanos ni materiales”.
“Es necesario que los gobiernos prioricen la dignidad y la vida de los seres humanos por sobre políticas migratorias seguritistas, que como históricamente se ha demostrado, lejos de reducir la migración de las personas, lo que provoca es la precarización de su situación, poniendo en riesgo su vida y las de sus familias, exponiéndose a varios peligros como las redes de trata y tráfico de personas, afectaciones a su salud y el crimen organizado”, sostienen.
Mientras tanto, indica la nota, “desde Cáritas Ecuador seguiremos acompañando a los hermanos y hermanas migrantes forzados/as, según nuestras posibilidades, además continuaremos acompañándolos en la restitución y protección de sus derechos”. No obstante, “exigimos al Estado Ecuatoriano y las autoridades locales a buscar mecanismos de atención a esta población a fin de garantizar su vida y su dignidad permitiéndoles acceder a derechos básicos como seres humanos”.
