Los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia reconocieron el pasado martes 9 de febrero que el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos es una “respuesta valiosa encaminada a fomentar la acogida, protección, promoción e integración de la población migrante”.
De acuerdo al propio episcopado, que informó a través de un comunicado oficial, urge avanzar “hacia actitudes e iniciativas que promuevan la dignidad humana de todas las personas independientemente de su procedencia”. Concretamente, dicho Estatuto beneficiará a más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia.
Respuesta integral
Igualmente, los prelados señalan cómo el Papa Francisco “ha sido enfático en su llamamiento a los gobiernos, para que acojan a todos los refugiados que puedan ser integrados en sus respectivos países” y en su Encíclica Fratelli Tutti, el Santo Padre “le dice sí a una sociedad de hombres y mujeres ‘que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común” (n. 67)”.
Históricamente, se lee en el texto, la Iglesia colombiana, “han venido aportando efectivamente para dar una respuesta integral a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que buscan protección en Colombia” y continuará “ofreciendo el acompañamiento y desplegando acciones caritativas a favor de la población migrante y refugiada (…).
Venezuela aplaude el Estatuto
Por su parte, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) informa hoy, 12 de febrero, que las organizaciones católicas de Venezuela que integran la Red CLAMOR han publicado un comunicado en el que aplauden la “valentía del gobierno colombiano al convertirse con esta medida en un referente mundial en procesos migratorios”.
Este Estatuto, continúa el mensaje, pondrá fin a “los permisos temporales otorgados con anterioridad que generaban gran zozobra en la comunidad migrante por su corta duración y variedad, poniendo orden a esta dispersión de figuras”.
Por último, las entidades católicas instan a que “la sociedad civil colombiana acompañe y vea de manera favorable el proceso de integración a largo plazo de los venezolanos migrantes facilitado por este decreto presidencial”.
