La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la solicitud de organizaciones abortistas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se reconociera el aborto como un derecho en El Salvador.

Asimismo, tampoco ha aceptado la petición de considerar como acto de tortura la negativa a facilitar un aborto dentro del sistema interamericano de derechos humanos.

El presidente de Global Center For Human Rights, Sebastián Schuff, ha afirmado que “se trata de una gran victoria, no solo para El Salvador, sino para todos los países”.

Esta sentencia se ha emitido a raíz del famoso caso de Beatriz, una joven salvadoreña embarazada, que padecía una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso, y que solicitó en 2013 la interrupción de su embarazo debido a que el feto presentaba anencefalia, una grave malformación letal.

La petición fue denegada, ya que en El Salvador se prohíbe el aborto en toda circunstancia. Cuatro años después, la joven falleció y su madre, Delmy Cortez, inició entonces una campaña para conseguir el acceso al aborto y la creación de protocolos “médicos y judiciales frente a embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió, a raíz de este caso, una sentencia histórica, condenando al Estado salvadoreño por violar los derechos humanos de Beatriz al negarle un aborto terapéutico. Sin embargo, afirmó que no existe un derecho al aborto, respetando así la Convención Americana.

Ligia Castaldi, perito ante la Corte IDH en el Caso Beatriz, explicó en su fallo que la muerte de la joven en 2017 no estuvo relacionada con la decisión de negarle el acceso a practicarse el aborto ni con la prohibición de esta práctica en el país. Como afirmó en Aciprensa: “El fallo no debería considerarse «una sentencia provida», ya que «su mayor omisión es que no reconoce ni un sólo derecho a la niña Leilani Beatriz, nacida viva, ni valora su vida de ninguna manera». Asimismo, no se reconoce el aborto como un derecho, por lo que las restricciones en este país no se han modificado hasta el momento.

La situación del aborto en América Latina

La regulación del aborto en América Latina varía ampliamente entre los distintos países, reflejando diversas posturas legales, éticas y culturales en torno a la protección de la vida humana.

En México, la Suprema Corte de Justicia eliminó el delito de aborto a nivel federal, lo que implica que ninguna mujer podrá ser penalizada por esta práctica. Antes de esta decisión, el aborto ya había sido despenalizado en 12 estados del país. En la Ciudad de México, se permite hasta la semana 12 de gestación.

En países como Colombia, Argentina, Uruguay y Cuba, el aborto es legal a solicitud de cualquier mujer embarazada. En Uruguay y Cuba, la interrupción del embarazo está permitida hasta la semana 12 de gestación, mientras que en Argentina el límite se extiende hasta la semana 14.

En el continente americano, otras naciones como Canadá, Guyana y Guayana Francesa también cuentan con normativas que permiten el aborto sin restricciones durante las primeras semanas de gestación.

Por otro lado, existen países que permiten el aborto únicamente en algunas circunstancias. Bolivia lo autoriza en casos de violación, incesto o cuando está en riesgo la salud mental de la mujer. En Ecuador, solo está permitido en casos de violación, mientras que en Perú se permite cuando hay riesgo para la vida de la madre.

En naciones como Antigua y Barbuda, Brasil, Dominica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela, el aborto está prohibido en general, pero se contempla como excepción cuando la vida de la madre está en peligro.

Finalmente, Surinam, Nicaragua, República Dominicana y Honduras mantienen una prohibición total del aborto, sin excepciones legales, lo que refuerza la protección del derecho a la vida desde la concepción en estos países.

Valoración bioética

El denominado aborto terapéutico constituye un eufemismo que encierra una gran contradicción. El aborto no es terapéutico en ningún caso: no lo es hacia el bebé con el que termina ni para su madre, dado que las secuelas asociadas a la práctica del aborto son objetivas.

El avance de la medicina obstétrica permita descartar las situaciones en las que se tuviera que provocar la muerte del feto para salvar a su madre.  Una intervención terapéutica sobre una gestante dirigida a salvar su vida ante una enfermedad grave, que lleve asociado efectos secundarios con efectos embriotóxicos, pudiendo dañar o matar al embrión, es lícita bioéticamente cuando no existe alternativa terapéutica, el doble efecto es inevitable y, además, no es procurado intencionadamente. Pero esto no es un aborto terapéutico, sino una intervención terapéutica hacia la gestante, esta vez sí, que lleva asociado de manera inevitable un efecto secundario sobre el feto.

Intervenir con la intención directa de provocar la muerte del embrión o feto constituye en todo caso un atentado contra la vida humana injustificable y rechazable.

Julio Tudela – Cristina Castillo – Observatorio de Bioética – Instituto Ciencias de la Vida – Universidad Católica de Valencia